Fue tras el fallo en la Corte de EEUU. Desde el Estado creen que hay “buenos argumentos técnicos” para ganar la pelea contra el fondo buitre Burford.
Luego de que la Corte Suprema de Estados Unidos definiera que la controversia judicial por la expropiación de YPF debe dirimirse en los tribunales neoyorquinos, el Estado argentino presentará este mismo lunes un escrito para solicitar que juicio comience inmediatamente. Los negociadores argentinos consideran que la Argentina tiene “buenos argumentos técnicos” para pelear una batalla contra el Fondo Burford por 3.000 millones de dólares que puede extenderse por unos seis años.
“Hasta ahora se estaba discutiendo dónde debía realizarse el juicio. El Departamento de Estado había indicado que el juicio se tiene que hacer en Estados Unidos y la Corte Suprema consideró lo mismo, así que ahora tiene que comenzar el juicio por la expropiación”, explica uno de los funcionarios argentinos que lleva adelante el caso.
“El kirchnerismo siempre se inclinó por los argumentos políticos, y eso siempre fracasa, nosotros tenemos excelentes argumentos técnicos para demostrar que la Argentina tiene razón”, sostiene esa misma fuente, que viajó a Nueva York para esperar la decisión de la Corte Suprema y apurar el litigio en el juzgado de primera instancia del Distrito Sur de Manhattan, Loretta Preska, que heredó las causas que llevaba adelante el juez Thomas Griesa.
Según fuentes al tanto de la estrategia argentina, el primer paso del plan había sido evitar el inicio del juicio en suelo estadounidense. Caído ese intento, en el Gobierno se conformaban con haber dilatado el arranque de la pelea y de ese modo haber retrasado el impacto financiero de la controversia. Sin embargo, ahora los negociadores argentinos esperan acelerar la controversia, confiados en que hay «buenos argumentos técnicos» frente a Burford.
Burford es un fondo que compró parte de los derechos de litigio en la justicia española, donde se sustanció el proceso de quiebra de dos empresas del Grupo Petersen, que poseían buena parte de las acciones de YPF en el momento de la expropiación llevada adelante por el kirchnerismo.
Puntualmente, Burford presentó una demanda en Nueva York porque sostiene que en el momento de la expropiación, cuando el Estado se hizo del 51% de las acciones de YPF, estaba obligado a comprarle las acciones al resto de los accionistas minoritarios. Para eso citan al estatuto de YPF.
Frente a ese plan, los negociadores argentinos presentarán tres líneas argumentativas. La primera es que el estatuto de YPF no proscribe esa obligación. La segunda es que, si eso ocurriera, una ley de Expropiación está por encima de cualquier contrato de ese tipo. Y, por último, el Estado sostendrá, según fuentes con acceso a esa estrategia, que Burford está violando la legislación sobre sociedades argentinas, que impiden que un accionista le inicie una demanda a otro accionista.
Con información de Clarín
