Tras detectar los niveles más bajos en 77 años, el Gobierno decidió formalizar la alerta por la situación que es crítica. El decreto tendrá medidas para alivianar la situación económica y se trabajará para preservar la actividad productiva.
La situación angustiante que se vive en varias provincias por la histórica bajante del Río Paraná, llevó al gobierno de la Nación a declarar la Emergencia Hídrica por el término de 180 días en la región.
La bajante del Río Paraná preocupa y mucho a la región, ya que sus niveles son los más bajos en los últimos 77 años. Es la peor situación hídrica detectada desde 1944. Y además afecta el comercio de granos, una situación que genera preocupación a los productores.
La situación que se vive en el Paraná afecta en diferentes aspectos a la economía y a la sociedad. Por un lado, la navegación en general, el comercio de granos en particular que se desprende de la navegación y, además, dificulta la provisión de agua potable para numerosas localidades en la región.
De esta manera, la declaración de la “Emergencia Hídrica”, instrumentada a través del decreto 482/21, publicado este lunes en el Boletín Oficial, faculta al jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, en su carácter de presidente del Consejo Nacional para la Gestión Integral del Riesgo y la Protección Civil, a “delimitar las áreas afectadas por la emergencia”.
La decisión se tomó debido al “impacto y las consecuencias que está generando la bajante histórica más importante de los últimos 77 años en la cuenta hídrica de los ríos Paraná, Paraguay e Iguazú”. La medida instruye a diferentes áreas del gobierno a adoptar medidas para “mitigar las consecuencias de la grave situación que genera la bajante”.
Así, los ministerios de Desarrollo Productivo y de Trabajo establecerán las acciones pertinentes para la preservación de la actividad productiva y puestos de trabajo; Obras Públicas dispondrá y monitoreará la realización de obras de infraestructura; Seguridad, a través del Sistema Nacional de Alerta Temprana y Monitoreo de Emergencias (Siname), planificará las medidas de apoyo y toma de decisiones, y por intermedio del Sistema Nacional para la Gestión Integral del Riesgo (Sinagir), asistirá a las poblaciones ribereñas.
Por su parte, el Banco Nación y la AFIP dispondrán la asistencia en materia crediticia e impositiva, respectivamente. Asimismo, se define la suspensión de plazos administrativos en las regiones afectadas, según informó el Gobierno.
