El Estado argentino pagó 76 millones de euros a España y unos 26 millones de euros a Portugal bajo la dirección del Ministro de Planificación. Los ferrocarriles eran inutilizables.
La Corte Suprema de Justicia rechazó hoy un recurso de queja presentado por el exministro de Planificación Federal Julio de Vido en el marco de la causa por irregularidades en la compra de material ferroviario a España y Portugal y confirmó el camino a juicio oral. El detenido exfuncionario kirchnerista está procesado por supuesta administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública por haber adquirido material rodante supuestamente inservible y con presuntos sobreprecios.
El abogado de De Vido, Julio Virgolini, había presentado un recurso contra la decisión del juez federal Julián Ercolini de procesarlo en este expediente, que ya fue enviado a juicio oral. El máximo tribunal rechazó la presentación del letrado tras considerar que «no se dirige a una sentencia definitiva o equiparable a tal».
En esta causa se investigó la firma de diversos contratos de compraventa de materiales ferroviarios que habría firmado De Vido con empresas de los países europeos entre 2004 y 2012 en su calidad de ministro de Planificación, «obligando abusivamente al Estado».
De acuerdo a la acusación, el exfuncionario intervino junto al entonces titular de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, Carlos Castaño, en un «plan de modernización ferroviaria que mediante la suscripción de una serie de actos jurídicos determinó un perjuicio patrimonial a la administración pública». De acuerdo con la acusación, estas operaciones se realizaron en un «precio y utilidad que fueron claramente perjudiciales pera el patrimonio nacional y para el parque ferroviario».
El Estado argentino pagó 76 millones de euros a España y unos 26 millones de euros a Portugal bajo la dirección del Ministro de Planificación, a cargo de De Vido, por lo que tenía el control sobre la operatoria. Según un informe de la Auditoría General de la Nación, gran parte del material rodante comprado en ambos países era inutilizable por el mal estado en el que se encontraba, aunque los acusados explicaron que se avanzó en la adquisición porque las formaciones se iban a reparar en la Argentina para reactivar los talleres ferroviarios.
