En el comunicado, se dejó en claro que esto representa «un riesgo de daño irreparable en Venezuela» y solicitaron que lo dejen contactarse con su familia.
La Organización de Estados Americanos (OEA) condenó este viernes la detención en Venezuela del gendarme argentino Nahuel Gallo, a quien el régimen de Nicolás Maduro acusó de estar involucrado en actos de terrorismo, y la consideró «un crimen de lesa humanidad».
En un duro comunicado firmado por el secretario del organismo, Luis Almagro, señaló que el arresto es «arbitrario» y viola «las normas internacionales y los principios fundamentales de humanidad y justicia que todos los Estados deben respetar«.
«La secretaría general de la OEA repudia y condena la detención arbitraria por parte del régimen de Venezuela del agente de la Gendarmería Nahuel Gallo», indicó el mensaje del uruguayo, difundido en las redes sociales del organismo.
«El caso constituye un crimen de lesa humanidad, según el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional», destacó, antes de subrayar que «su incomunicación y la negación de asistencia consular y legal representan una violación directa de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares».
«Estos hechos son una prueba más de la violación sistemática de los derechos humanos fundamentales por parte del régimen venezolano», añadió el comunicado, que exigió a Venezuela el respeto por los convenios internacionales.
Minutos antes, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), órgano autónomo de la OEA, había otorgado medidas cautelares favorables al catamarqueño por considerar que se encuentra en una «situación de gravedad y urgencia». Además, instó a Venezuela a tomar las medidas necesarias «para proteger la vida» del gendarme.
El organismo explicó que adoptó la Resolución 1/2025 el pasado lunes, luego de estudiar el caso y comprobar que la visita del militar catamarqueño al país caribeño se debía a fines familiares y que la detención se realizó sin que se hayan «aportado detalles» sobre los motivos, los «cargos que se le imputan», el lugar donde está arrestado ni «cuáles eran sus condiciones físicas o de salud«.
«El 17 de diciembre de 2024, los abogados de Gallo en Venezuela fueron citados a la Fiscalía para recibir información sobre su paradero, pero se les notificó que la denuncia por su desaparición no procedería y no se les brindó información. Al intentar presentar la denuncia, en las oficinas centrales de la Fiscalía General en Caracas se negaron a recibirla«, indicó en el comunicado.
Ante la negativa del régimen chavista de compartir la información con «la parte solicitante», es decir, Argentina, y con el propio ente, la CIDH consideró que Gallo «estaría privado de la libertad por agentes del Estado de Venezuela y, hasta la fecha, su paradero es desconocido».
El organismo reclamó que «las autoridades no han precisado información sobre su situación jurídica«, como «por ejemplo, el tipo penal por el que estaría siendo investigado, el tribunal competente que conocería la causa, el número del expediente penal, la existencia de órdenes de detención, si recibió atención médica necesaria, y el lugar exacto en el que se encontraría».
A su vez, manifestó que no se tomaron acciones para garantizar una comunicación entre el efectivo y Argentina, al mismo tiempo que verificó que no existe a nivel interno «posibilidades de pedir protección a favor del beneficiario».
Por estos hechos, la CIDH resolvió que Venezuela «adopte las medidas necesarias para proteger los derechos a la vida e integridad personal de la persona beneficiaria». El organismo pidió que se informe si el gendarme está bajo custodia del Estado y sobre las circunstancias de su detención y exigió que se precise si fue presentado ante un «tribunal competente» para «revisar su detención».
Además, solicitó que se indique «de manera expresa el tribunal que conocería su causa penal, de existir esta, o las razones por las que no ha sido puesta en libertad a la fecha» y que se «permita la comunicación del beneficiario con su familia, representantes legales de confianza» y con Argentina.
El documento fue publicado luego de que el Gobierno venezolano difundiera el jueves imágenes sobre Gallo en lo que sería una presunta prisión. Según la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, todo es «una pantomima».
