El Presidente aseguró que el procurador mantiene «una doble vara para medir hechos institucionales».
Luego de sus polémicas declaraciones contra el fiscal Diego Luciani, donde expresó que espera que no “termine suicidado como Alberto Nisman”, el presidente Alberto Fernández le respondió de manera oficial al procurador interino Ricardo Casal.
El titular de los fiscales había arremetido contra el Jefe de Estado al decir que “usted implica una perturbación en el ejercicio de las funciones y que se ve incluso agravada por las referencias peyorativas con que ha calificado su condición profesional como así también afecta el principio republicano de división y respeto de poderes”, tras convocar de “urgencia” a Luciani y Sergio Mola por las palabras de Fernández.
“En su nota, el Señor Procurador Adjunto considera que constituyen una ´perturbación´ al ejercicio de las funciones de un fiscal, las expresiones que he realizado en una entrevista brindada al canal Todo Noticias, donde hice referencia a la existencia de una ´persecución judicial y mediática´ contra la actual vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner. Debo señalar que dichas expresiones en modo alguno pueden ser interpretadas en el sentido de querer condicionar el accionar de un funcionario y ello queda claro toda vez que fueron vertidas cuando el Fiscal de la causa ya había finalizado su alegato en el proceso”, fue la contestación del mandatario.
Y continuó: “No obstante, es oportuno señalar que el Poder Judicial y sus magistrados y funcionarios no están ni podrían estar exentos de críticas y opiniones en una sociedad democrática. En efecto, solo hace falta observar con detenimiento lo que ha sucedido en el hermano país de Brasil, donde el dirigente político Inácio Lula Da Silva fue condenado y encarcelado injustamente, y por lo tanto proscripto para participar en las elecciones presidenciales. Ahora hemos tomado cabal conocimiento de que aquel proceso penal, tal como concluyó el Supremo Tribunal Federal de Brasil y el Comité de Derechos Humanos de la ONU, fue en verdad una persecución judicial, mediática y política que tuvo como finalidad impedir que Lula fuera candidato a presidente y condujera los destinos del país por el voto popular”.
En la carta que le hizo llegar a Casal por medio del ministro de Justicia, Martín Soria, el mandatario esgrimió que “el Estado de derecho no exime de críticas a los miembros del Poder Judicial, quienes también están sometidos al escrutinio público en una sociedad democrática, y cualquier ciudadano o ciudadana, incluido el presidente de la Nación, puede dar la voz de alerta cuando observa que algún magistrado o funcionario se desvía de su obligación constitucional de respetar el debido proceso y de la imparcialidad necesaria para actuar”.
Y señaló: “Obsérvese que el Sr. Procurador expresa su preocupación por una supuesta injerencia por parte del Presidente de la Nación en un proceso penal, pero no lo ha preocupado, ni ha visto injerencia alguna cuando el ex Presidente Mauricio Macri, estando en ejercicio del cargo, recibió al imputado Luis Chocobar en la casa Rosada y, mientras transcurría el juicio en el que este terminó condenado”.
También en su descargo apuntó contra el ex presidente Mauricio Macri al sostener que “tampoco llamó la atención del Sr. Procurador que el ex Presidente Mauricio Macri, también en ejercicio de sus funciones presidenciales, directamente instruyera a su Ministro de Justicia para que iniciara juicio político al juez Alejo Ramos Padilla y manifestara (textual) “creemos que no es un juez que actúe con ecuanimidad, que se prestó a un show mediático político”, al tiempo que le advertía al Consejo de la Magistratura que “Ramos Padilla ya ha hecho varias y realmente espero que el Consejo, con todas las pruebas que hay, evalúe seriamente destituirlo”.
Y enumeró: “El celo que muestra en su carta el Sr. Procurador Adjunto respecto del cuidado de los procesos penales, hubiera sido importante, para la salud democrática de nuestro país, que se plasmara también en impulsar investigaciones transparentes respecto de las motivaciones reales que tuvieron algunas visitas realizadas por destacados miembros del Poder Judicial al ex presidente Mauricio Macri en la quinta de Olivos y también en la Casa Rosada; en el rol que tuvo el prófugo “Pepín” Rodríguez Simón y otros ex funcionarios en la llamada “Mesa Judicial” y en garantizar la imparcialidad de quienes intervienen como magistrados y funcionarios en los procesos penales, máxime en el ámbito de la justicia federal, cuando se encuentran bajo investigación dirigentes políticos”.
Por último acusó a Casal de tener “doble vara”: “En todos estos casos es imprescindible que los procesos sean transparentes y que los funcionarios y magistrados intervinientes no se encuentren bajo sospecha de actuar movidos por intereses ajenos a la búsqueda de la verdad. Esta doble vara para medir hechos institucionales y esta sistemática asimetría en las posturas adoptadas por parte de algunos importantes magistrados y funcionarios de la justicia federal e incluso del propio Sr. Procurador Adjunto frente a los distintos actores políticos, tornan aún más necesario que se abran estos debates para cuidar la salud de la democracia y para que en la región no vuelva a ocurrir la afectación de los procesos electorales y de la vida democrática de la sociedad por la actuación de la justicia con intereses políticos y/o fácticos”.
