Conocé los nueve puntos de la iniciativa que buscará reducir los montos efectivamente percibidos por los trabajadores a través de indemnizaciones judiciales para desalentar la litigiosidad laboral. Se trataría después del 10 de diciembre.
Proyecto de reforma laboral:
1. Acuerdos sector por sector. El Gobierno buscará reducir la informalidad en sectores como la construcción, el campo y la industria textil, que son los que registran los mayores índices de marginalidad. La intención de la propuesta es blanquear a cerca de 1.000.000 de trabajadores en el trienio, y evitar con sus aportes los desequilibrios que hay en el sistema previsional y hacer acuerdos sector por sector como los realizados hasta ahora.
2. Límites a la posibilidad de accionar contra los empleadores por parte de los asalariados. Se buscará reducir la litigiosidad laboral. Un mecanismo usual frente a eventuales insolvencias patronales o el intento de un pago mayor por la indemnización por despido es sumar los beneficios en la demanda salarial por parte del despedido. También se sumará la garantía de extinción de la acción penal contra el empleador que resolviese su incorporación al blanqueo laboral.
3. Reducción de Aportes Patronales. El Gobierno ofrecerá a los empresarios hacerse cargo durante tres años de los aportes de los nuevos empleados que se tomen en el mercado laboral del segmento no registrado. El propósito es blanquear a unos 300.000 trabajadores por año; reducir el desbalance del sistema previsional; y evitar que crezca el desempleo, actualmente en torno a 10% de la oferta laboral. Se financiaría con aportes del Tesoro y eliminación de exenciones tributarias, aún bajo análisis.
4. Alcances de los beneficiarios. La medida se iba a focalizar en pymes y trabajadores jóvenes, pero estaría ganando consenso la decisión de universalizar la ayuda, a sugerencia de los referentes de las principales cámaras empresarias y de la cúpula sindical de la CGT. El límite para el cálculo del beneficio serían los salarios brutos de hasta $10.000 por mes. Podría ser mayor para regiones extremas del país.
5. Amplia condonación de multas y punitorios para los empleadores que tuviesen personal no registrado y un reconocimiento por parte del Estado de parte de los años de aportes no practicados por los trabajadores en situación de informalidad.
6. Transformación de planes asistenciales. Los módulos que administra Trabajo, que abarcaría a unas 280.000 personas, se convertirían en una especie de wild card que facilitará el ingreso del trabajador que cobra un plan social al mercado laboral formal. En este caso el Estado, en lugar de subsidiar a un desempleado o a un empleado informal, tratará de subsidiar una parte del salario convencional mientras dure la prestación social. Se prevé que los beneficiarios de planes sociales aporten al sistema.
7. Controles. Se reforzarán las inspecciones laborales con el acompañamiento de los delegados gremiales que trabajarán junto con la CGT. Para realizar esa política, el ministro Triaca mantuvo en pie una idea surgida durante el kirchnerismo y que en su momento generó polémica: el Registro de Empleadores con Sanciones Laborales (REPSAL), una suerte de veraz en el que aparecen los nombres y apellidos de aquellas personas y empresas que tengan a su cargo empleados no registrados. Para los infractores se prevén abultadas multas económicas.
8. Fondos Jubilatorios. El proyecto además propondría dar un tratamiento especial para los fondos jubilatorios que manejan las cajas de los colegios profesionales y los sindicatos.
9. Revisión Integral del Sistema Jubilatorio. El Gobierno estudia realizar una revisión integral del sistema previsional y modificar la actualización de haberes que se hagan por el aumento de la inflación. Además, se evalúa aumentar las edades jubilatorias de las mujeres, que es de 60 años, y de los hombres, que es de 65. Se buscará modificar el sistema actual que planteó la reforma del régimen previsional luego de la desaparición del sistema de AFJP en el 2009.
