Los bienes podrían ponerse a disposición del Estado.
Por las causas judiciales que acorralan a la ex Presidenta, desde esta semana sus hijos Máximo y Florencia Kirchner tienen todas sus propiedades embargadas.
Con sus cuentas congeladas, algunas de sus empresas están intervenidas, otras tienen veedores judiciales y hasta deudas con la AFIP. En ese marco, fuentes judiciales revelaron que todos esos bienes quedarán a disposición del organismo de bienes del Estado y se les podría dar un “fin social”.
A principios del 2017, Cristina, Máximo y Florencia fueron procesados por asociación ilícita y lavado de dinero en la causa Los Sauces, empresa está intervenida. Allí, el juez Claudio Bonadio les trabó un embargo de 130 millones de pesos para la ex mandataria y el diputado nacional, y de 100 millones a Florencia.
En tanto, Hotesur -firma dueña del hotel Alto Calafate y el hotel Las Dunas- sólo cuentan con veedores judiciales: todo movimiento contable se rinde ante el juzgado, pero la familia Kirchner sigue administrando.
El juez Julián Ercolini procesó esta semana a la senadora electa por asociación ilícita por el direccionamiento de la obra pública a favor de Lázaro Báez. Esto perjudicó a todas las propiedades de la familia Kirchner al embargo de 10.000 millones de pesos ordenado en esta causa.
De esta manera, todas sus propiedades quedaron oficialmente embargadas: a la ex Presidenta le congelaron tres cuentas abiertas en el Banco Galicia, su residencia de El Calafate y la participación accionaria en Los Sauces, CoMa SA y Hotesur. El juez decidió afectar al embargo 25 inmuebles que fueron heredados por Néstor Kirchner, entre ellos el departamento de Recoleta y el que usa Florencia Kirchner, entre otros.
