Aunque en 2018 habrá menor cantidad, habrá más fondos para planes de largo plazo en el año electoral. Los números.
Según publica este lunes La Nación, el Gobierno reducirá el año próximo en términos reales la inversión en obras y compras para proyectos a largo plazo, para luego aumentarla exponencialmente en 2019, cuando se definirá una eventual reelección de Mauricio Macri. Documentos oficiales sostienen que prevén para ese año inversiones por $ 48.285 millones, 253% más que en 2018.
El Gobierno está obligado a anticiparle al Congreso, a través del presupuesto 2018, que fue aprobado la semana pasada por Diputados y girado al Senado, «cuál será la contratación de obras y la adquisición de bienes y servicios con incidencia en ejercicios futuros». Aunque ese ítem comprende sólo una parte de las inversiones del Estado, es una hoja de ruta que permite advertir los planes oficiales a mediano plazo.
De esas planillas se desprende que los fondos para esa clase de iniciativas alcanzarán los $ 13.681 millones el año próximo. Esa cifra está 18% por encima del mismo número para este año, de manera que implica una reducción en términos reales, debido a que los pronósticos de inflación estimada para este año rondan entre el 22 y el 24%.
Para las inversiones del Estado, la situación cambiará drásticamente en 2019, cuando se definirá el futuro del proyecto de poder de Cambiemos para los siguientes cuatro años. No sólo por la renovación en la Casa Rosada, sino también por las elecciones a gobernador en las provincias y el cambio de una porción importante de los legisladores nacionales.
La planificación oficial indica que para ese año, según las previsiones, ya están definidas inversiones del Estado por $ 48.285 millones.
En la práctica, eso implica un incremento de casi el 253% con respecto al período anterior en el presupuesto oficial (en un contexto en que la inflación se orientaría a la baja, según cálculos públicos y privados) para proyectos de largo aliento, que serán volcados a la calle en medio de la carrera proselitista.
Aunque ya trazó el camino, el Gobierno espera conseguir cartas adicionales para jugar en la partida de la obra pública que podrían alterar sus planes originales. Se trata de los denominados contratos de participación público-privada (PPP), que implican el financiamiento por parte de inversores privados a cambio de un repago futuro a proyectos considerados relevantes por el Estado.
Se trata, de todas maneras, de un gran signo de interrogación, tanto desde la mirada de la política como de la economía. Sucede que aunque la ley de PPP se aprobó hace más de un año, aún no se concretaron iniciativas bajo ese paraguas. Más aun: las previsiones oficiales muestran más de 61 proyectos a financiar por esa vía, aunque aún no se les asignaron erogaciones precisas año por año, como sí se hizo en el caso de las obras que se solventarán con fondos públicos.
Según Fausto Spotorno, director del Centro de Estudios Económicos de la consultora Orlando Ferreres, uno de los motivos por los cuales caerá la inversión directa el año próximo se debe a que el Gobierno espera obtener financiamiento vía PPP. Y acuerda con que en 2019 se va a ampliar la inversión pública en el marco de la carrera electoral.
Algo similar cree Walter Agosto, investigador del Cippec, quien apuntó que si bien hay $ 210.000 millones de gastos de capital previstos para el año próximo, también figuran otros $ 350.000 millones que corresponden a PPP.
