El caso de asociación ilícita por obras públicas en Santa Cruz entre Cristina Kirchner y Lázaro Báez avanza en su juicio.
La tercera jornada se puso en marcha este viernes con el fiscal Diego Luciani analizando las circunstancias en la que fueron adjudicados cada uno de los contratos en torno a las obras públicas realizadas en la provincia del sur entre 2003 y 2015.
En el comienzo de su exposición, Luciani reveló que diferentes firmas del Grupo Austral, que está bajo propiedad de Báez, competían entre sí y sumaban a ellas otras externas para fingir una licitación legítima; calificó a este proceso como una “ficción” además de expresar que hubo “direccionamiento” a favor del imputado.
También aseguró que, de las obras asignadas a este grupo, ninguna cumplió con los plazos correspondientes para llevarse a cabo.
Siguiendo en la misma línea, sostuvo que “uno puede entender que una obra pública tenga demoras o prórrogas por determinadas cuestiones, pero si ninguna de las obras cumple con los plazos eso demuestra la incapacidad de Austral Construcciones para desarrollar esas tareas”.
“No puedo creer cómo pasaron inadvertidos semejantes actos de corrupción”, sentenció.
