Representa casi seis veces lo que ofreció a pagar la constructora brasileña por los sobornos en el país durante el kirchnerismo.
Ante el evidente y comprobado pago de sobornos a funcionarios argentinos para obras públicas, la empresa Odebrecht le reclama al Estado un resarcimiento de 202,6 millones de dólares por los contratos rescindidos. El pedido solo abarca la ampliación de los gasoductos del norte y sur.
La insólita cifra es casi seis veces más de lo que pretende pagar la compañía en daños por corrupción, tal como prometieron sus directivos días atrás.
La noticia surgió desde un cálculo que presentó la constructora por los bienes y servicios contratados -como maquinaria-, el lucro cesante por no haber podido llevar adelante la planta compresora de gas de Pichanal, en Salta, además de costos estimados por la rescisión.
