La Oficina Anticorrupción había pedido que se lo cite. Además, se procesó por administración fraudulenta a los empresarios Carlos Wagner y Benito Roggio, entre otros.
El juez Sebastián Casanello llamó a declaración indagatoria a Jorge “Corcho” Rodríguez, el empresario está acusado de ser parte de una estructura de sobornos en el marco de la causa donde se investiga a la brasileña Odebrecht por la construcción de dos plantas de AySA. En la investigación ya fueron indagados referentes de la construcción y ex funcionario de la empresa estatal.
Además el magistrado en su resolución, decidió procesar por administración fraudulenta a los empresarios Carlos Wagner y Benito Roggio, entre otros.
El pedido de la indagatoria lo realizó la Oficina Anticorrupción (OA), la semana pasada, después de analizar una serie de documentación que llegó desde Uruguay tras unos exhortos enviados por el juzgado para analizar una serie de cuentas bancarias y firmas offshore vinculadas al entramado de sobornos encabezados por Odebrecht. El fiscal Federico Delgado había adherido al pedido de la OA, al que hizo lugar este martes el juez Casanello, según constató Clarín
En esta investigación, a cargo del juez Casanello, se planteó que hubo “acuerdos espurios” para manipular actos administrativos y que “las contrataciones estuvieron previamente direccionadas” y que el llamado a licitación pública fue tan sólo “una puesta en escena para disfrazar negocios previamente acordados”. Además, en la información analizada, se detectaron transferencias a los contadores de Rodríguez en Uruguay por más de 11 millones de dólares.
Según fuentes judiciales la semana pasada, la Justicia uruguaya determinó que cambistas de Odebrecht transfirieron 10.210.374 de dólares y 684.283 euros al “intermediario” Rodríguez, entre octubre de 2011 y septiembre de 2014.
Según la OA, el dinero que descubrió la justicia de Uruguay habría sido para que el “ex ministro Julio De Vido y otros funcionarios kirchneristas beneficiaran a la constructora brasileña en la construcción de la planta potabilizadora de agua Paraná de las Palmas, “mediante un acuerdo espurio que incluía el pago de sobornos a funcionarios públicos”.
El organismo dirigido por Laura Alonso planteó que el “Corcho” Rodríguez utilizó para pagar los sobornos a la empresa off shore Sabrimol Trading, constituida en Uruguay, de cuya cuenta en el Banco Itaú “fluyeron los montos descriptos”.
