La fiscalía general de su país abrió una investigación contra la mandataria por la represión el día de su acto de asunción. También se investigará a otros políticos de alto rango.
La Fiscalía General de Perú abrió una investigación en contra de la presidenta Dina Boluarte y también de otros funcionarios de alto rango, por la muerte de 28 personas durante las protestas que surgieron en todo el país desde que asumió su cargo, hace exactamente un mes, en reemplazo del destituido Pedro Castillo.
El proceso se inició a instancias de una denuncia presentada por la legisladora Ruth Luque, quien responsabiliza a la mandataria y sus asesores más cercanos por esas muertes, producidas en diferentes manifestaciones durante el último mes.
Además de Boluarte también fueron incluidos el primer ministro Alberto Otárola; quien lo precedió fugazmente en el cargo, Pedro Angulo; el exministro del Interior César Cervantes y el ministro de Justicia y Derechos Humanos, José Tello. Se les acusa de la presunta comisión de los delitos de homicidio calificado y lesiones graves.
“Los denunciados están dentro del aparato del Estado en las esferas más altas de decisión en asuntos del uso de la fuerzas policiales y militares, por lo que las órdenes que emitan o dispongan serán de obligatorio cumplimiento por las personas que estén en esferas más bajas y por los propios agentes policiales y militares que ejecutaron el operativo”, dice el documento interpuesto por Luque. Ahora, la denuncia debe ser evaluada por la Comisión Permanente del Congreso y la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales.
Luego de una breve tregua por las fiestas de Navidad y Año Nuevo, los manifestantes salieron nuevamente a las calles a expresar su descontento con el gobierno de Boluarte, al que muchos consideran ilegítimo, y desde el miércoles pasado se inició un paro nacional, con nuevas marchas y disturbios en distintos puntos del país.
El Congreso peruano, en tanto, había aprobado el pasado 20 de diciembre la convocatoria de elecciones para abril de 2024.
Boluarte asumió la presidencia el 7 de diciembre pasado, ya que era la vice de Castillo, quien fue destituído por “incapacidad moral” cuando intentó disolver el Congreso, y luego fue encarcelado.
