La Inspección General de Justicia (IGJ) asegura que los jueces de la Cámara Civil que le permitieron a la ex presidenta no relevar los nombres de sus socios ejecutaron un «fallo político»
El Gobierno quiere apartar a los tres jueces de la Sala L de la Cámara Civil que permitieron al Instituto Patria, dirigido por Cristina Fernández de Kirchner, no revelar los nombres de sus asociados.
La Inspección General de Justicia (IGJ), dependiente del Ministerio de Justicia, pidió ante el Consejo de la Magistratura que los jueces Víctor Liberman, Gabriela Iturbide y Marcela Pérez Pardo.sean sometidos a un juicio político por haber dictado un “fallo político”.
“La IGJ solicitó datos de carácter meramente nominativos a los fines de poder fiscalizar fehacientemente los aportes recibidos de parte de sus socios”, argumentó el organismo en su presentación ante el Consejo.
“La manda impuesta por la IGJ lesiona derechos constitucionales de los asociados del Instituto Patria, como el derecho a la no discriminación y la libertad de conciencia”, opinaron los camaristas.
La IGJ remarcó que Pérez Pando figura como vocal en la agrupación judicial kirchnerista Justicia Legítima, cuya presidenta fue durante largo tiempo la ex procuradora Alejandra Gils Carbó.
Se espera que esta jueves el Consejo de la Magistratura sortee al consejero instructor que llevará esta denuncia.
