Hace dos años se aprobó la media sanción pero nunca se trató en el Senado
Este domingo 24 de junio, se cumplen dos años de la media sanción en la Cámara de Diputados al proyecto de ley de extinción de dominio. Su objetivo es recuperar -y hacerlo rápidamente- bienes obtenidos por delincuentes a través de la corrupción, el lavado de dinero, el narcotráfico. Una ley imprescindible que tuvo media sanción y quedó trabada en el Senado.
El 1° de marzo, ante la Asamblea Legislativa, el presidente Mauricio Macri volvió a reclamar por la extinción de dominio, que de no avanzar en el Senado, perderá estado parlamentario a fines de este año.
“En 3 días se cumplen 2 años desde que en Diputados aprobamos la ley de extinción de dominio que nos permitirá recuperar lo robado por la corrupción. ¡Pidamos al Senado que la trate ya que a fin de año pierde estado parlamentario!”, advirtió en su cuenta de Twitter, el jefe del interbloque Cambiemos, Mario Negri.
En 3 días se cumplen 2 años desde que en Diputados aprobamos la ley de #ExtincionDeDominio que nos permitirá recuperar lo robado por la corrupción. ¡Pidamos al Senado que la trate ya que a fin de año pierde estado parlamentario!
Mi discurso del 23/6/16https://t.co/d0dum85mqi pic.twitter.com/mMDNN5LbNx— Mario Raul Negri (@marioraulnegri) 20 de junio de 2018
“Ni Cambiemos ni nadie en el Senado quieren el delito de corrupción, por eso no sale”, disparó de su lado la jefa de la bancada del Frente Renovador, Graciela Camaño. El proyecto fue de Camaño y del entonces diputado Sergio Massa.
La media sanción original, había sido aprobada por 135 votos a 50, en el contexto del escándalo del revoleo de bolsos con 9 millones de dólares en un convento por parte del ex secretario de Obras Públicas de Néstor y Cristina Kirchner (José López). Los votos en contra fueron del bloque del Frente para la Victoria.
El proyecto busca dar herramientas más amplias al Estado para actuar, si bien existe también la figura del decomiso. Pero con la extinción de dominio en Diputados buscaban una ley “de carácter civil” que en paralelo al proceso penal permitiera rápidamente recuperar los bienes.
El argumento en contra es que es “inconstitucional” y violatorio de los derechos de propiedad porque se quitan los bienes a una persona antes de que tenga condena firme (lo que en la Argentina lleva no menos de una década).
