El pedido del fiscal Stornelli refiere a la manipulación de datos del Indec.
El fiscal Carlos Stornelli pidió hoy formalmente la elevación a juicio oral de la causa que inició en la Justicia por la manipulación de las estadísticas del Indec -entre ellos, los datos de inflación, actividad, empleo, comercio exterior y pobreza- por parte de Guillermo Moreno y “su patota” en el gobierno de Néstor Kirchner y luego en el de Cristina Kirchner.
“Las conductas imputadas a Mario Guillermo Moreno resultan constitutivas de los delitos de violación de secreto en concurso real con destrucción de registros y documentos y falsedad ideológica de documentos públicos, ambos en concurso ideal entre sí y reiterado en siete (7) hechos, los cuales a su vez concursan en forma ideal con el delito de abuso de autoridad, en calidad de autor por determinación (arts. 45, 54, 55, 157, 248, 255 y 293 del Código Penal)”, escribió el fiscal en las conclusiones de su dictamen al que accedió LA NACION.
En el texto, el fiscal pide además la elevación a juicio de Beatriz Paglieri, cara visible de la intervención de la Dirección del Índice de Precios al Consumidor (IPC) y mano derecha de Moreno en el Indec. También de Ana María Edwin, exdirectora del organismo en tiempos en que Moreno conducía la economía argentina desde la Secretaría de Comercio. Edwin fue quien pactó dentro del organismo con el sindicato UPCN y denominada “patota”.
Aparecen también mencionados María Celeste Cámpora Avellaneda y Marcela Filia, trabajadoras de Paglieri en la dirección del IPC y quienes, según las denuncias de los testigos, fueron vistas cargando archivos y documentos desde el Indec hacia la dependencia de Moreno.
El Indec fue intervenido a fines de enero de 2007, cuando la inflación comenzó a ser un problema para el gobierno de Néstor Kirchner. Comenzó con el desplazamiento en la Dirección de Precios, que entonces comandaba Graciela Bevacqua, pero se extendió a todas las direcciones, sobre todo a la de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH), donde se calculaban los datos de pobreza y empleo. Entonces estaba allí Cynthia Pok.
En abril pasado, la Cámara Federal, con los votos de Martín Irurzun y Eduardo Farah, encontró responsable a Moreno de los delitos de violación de secretos, abuso de autoridad, violación de registros y documentos, y falsedad ideológica. Esta instancia revocó entonces el sobreseimiento que había dictado en favor de Moreno el juez federal Rodolfo Canicoba Corral, que sostuvo que no hubo delito y que la presunta adulteración de los índices era una cuestión “no revisable judicialmente” porque involucraba decisiones de la autoridad administrativa en el ejercicio de sus facultades discrecionales. Aquel fallo había sido apelado por el Stornelli.
“Las conductas imputadas a Beatriz Paglieri resultan constitutivas de los delitos de violación de secreto en concurso real con destrucción de registros y documentos y falsedad ideológica de documentos públicos, ambos en concurso ideal entre sí y reiterado en siete (7) hechos, los cuales a su vez concursan idealmente con el delito de abuso de autoridad, en calidad de coautora (arts. 45, 54, 55, 157, 248, 255 y 293 del Código Penal)”, indicó Stornelli.
“Las conductas imputadas a Ana María Edwin resultan constitutivas de los delitos de destrucción de registros y documentos y falsedad ideológica de documentos públicos, ambos en concurso ideal entre sí y reiterado en siete (7) hechos, los cuales a su vez concursan idealmente con el delito de abuso de autoridad, en calidad de coautora (arts. 45, 54, 55, 248, 255 y 293 del Código Penal)”, afirmó el fiscal del caso de los cuadernos de las coimas.
Fuente: La Nación
