El Gobierno pidió a través de tres organismos estatales que una causa por lavado de dinero contra el empresario detenido Lázaro Báez sea enviada a juicio oral.
Según informa La Nación, en los últimos días de enero la Oficina Anticorrupción (OA), la Unidad de Información Fiscal (UIF) y la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), enviaron escritos al juez federal Sebastián Casanello para que eleve la causa a juicio oral, en la que estos tres organismos son querellantes.
De esta manera estos organismos rectificaron la decisión tomada meses atrás, cuando instaron a Casanello a que no envíe la causa a juicio hasta que no se determinase el rol de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner en los presuntos ilícitos.
La operatoria que forma parte de la causa es la realizada a través de la financiera SGI, donde se fugaba el dinero y se reingresaba en forma de bonos de deuda. Además de Báez, los otros procesados son su hijo Martín, Daniel Pérez Gadín, Sebastián Pérez Gadín, César Gustavo Fernández, Fabián Rossi y Walter Zanzot, como protagonistas de la fuga de divisas.
También serán juzgados Jorge Chueco, Claudio Bustos y Julio Enrique Mendoza como responsables de reingresar el dinero al país, más Leonardo Fariña (responsable de operaciones financieras y compraventas simuladas), Carlos Molinari y Federico Elaskar, primer dueño de SGI.
“Báez utilizó servicios financieros para depositar los fondos en cuentas a nombre de sus hijos”, explicó la UIF en el escrito enviado a Casanello. En total se estima que el empresario fugó más de 32 millones de dólares.
(Fuente: Será Justicia).
