Desde las 16, los movimientos sociales iniciaran una movilización desde el Congreso, exhortando a la participación de todas las organizaciones que deseen unirse a: «luchar contra el ajuste y contra la represión».
La Unidad Piquetera (UP) ha convocado a una manifestación hacia Plaza de Mayo para mañana en rechazo de las medidas de ajuste anunciadas por el Gobierno liderado por el presidente Javier Milei, y en protesta contra el protocolo antipiquetes propuesto por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.
La movilización, que partirá desde el Congreso hacia Plaza de Mayo, tiene previsto comenzar a las 16 horas, coincidiendo con el aniversario del estallido social de diciembre de 2001.
Durante una entrevista con Radio Colonia antes de la marcha, Eduardo Belliboni, líder del Polo Obrero, expresó su inquietud por la situación alimentaria en los comedores populares, “Hay compañeros en los comedores populares que comen una vez al día. Hace un mes y medio que no reciben comida”.
Belliboni afirmó: “Esta es la primera movilización, no los vamos a dejar ajustar. Seremos miles de trabajadores. Lo de Caputo es un golpe a los trabajadores”
Belliboni también resaltó la falta de comunicación con el secretario de Familia y Niñez, Pablo De la Torre, solicitando una reunión urgente para abordar la crítica situación.
A pesar de la implementación del protocolo antipiquetes y las advertencias de Sandra Pettovello, titular de la cartera de Capital Humano, sobre la suspensión de planes sociales para los manifestantes, las organizaciones sociales han confirmado la movilización.
Estas seran las calles cortadas debido a la movilización:
En una conferencia de prensa, Rubén «Pollo» Sobrero, dirigente ferroviario y referente del Frente de Izquierda y de Trabajadores – Unidad (FIT-U), consideró la marcha como «crucial» para la sociedad. Sobrero expresó su preocupación por las «amenazas» del Gobierno, sugiriendo que buscan facilitar un ajuste sin enfrentar protestas.
En la previa del 20D, el Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST) presentó una solicitud de inconstitucionalidad del protocolo antipiquetes ante la jueza María Servini. Argumentaron que las medidas de seguridad propuestas violan derechos constitucionales, como la libertad de expresión, asociación, reunión y el derecho de protesta y peticionar a las autoridades. La jueza remitió la cautelar al fuero en lo Contencioso Administrativo Federal, considerándose incompetente para tratar el caso.
La provincia, por su lado, decidio descartar la implementación del protocolo antipiquete, expresando claramente su posición al afirmar que dicho protocolo «criminaliza la protesta».
