Los principales patrocinadores privados del sistema sanitario, encabezados por Swiss Medical y OSDE, buscan restaurar su rentabilidad después de años bajo supervisión mediante controles.
En el actual escenario, se observa que las empresas de medicina prepagada están considerando ajustar sus márgenes de rentabilidad, abriendo la posibilidad de implementar la más reciente disposición promovida por Javier Milei. Este reajuste se traduciría en la imposición de incrementos considerables a los afiliados, mayormente pertenecientes a la clase media, incluso a costa de la potencial pérdida de un considerable número de ellos.
Conforme a información obtenida por fuentes de Noticias Argentinas, los protagonistas destacados del mercado de la salud privada, Swiss Medical y OSDE, actualmente se encuentran deliberando sobre la magnitud del aumento a aplicar en las cuotas correspondientes a febrero, posterior al incremento del 40% implementado en enero.
Claudio Belocopitt, propietario de Swiss Medical y presidente de la Unión Argentina de Salud (UAS), parece respaldar la aplicación de otro ajuste del 40% en febrero para alcanzar un «equilibrio» en la ecuación costo/beneficio. Belocopitt, quien ostenta el control de los principales sanatorios del país, sostiene que el sector de la salud privada está sobredimensionado y aboga por una reestructuración que conserve únicamente a los principales actores, como OSDE, Medicus, Omint y Medifé, entre otros. Propone la oferta de planes con copagos para personas con poder adquisitivo medio.
Aunque no se disponen de estimaciones precisas actualizadas, se menciona en el ámbito de la salud que las prepagas estarían dispuestas a tolerar la pérdida del 30% de sus afiliados durante este proceso de reestructuración.
En el caso de OSDE, perder el 30% de los asociados significaría aproximadamente 500 mil personas. A pesar de las previas advertencias empresariales sobre el retraso tarifario del 80%, se plantea que un aumento del 40% en febrero sería suficiente para equilibrar las finanzas, aunque esto conllevaría un éxodo potencialmente perjudicial de afiliados, poniendo en riesgo el sistema de salud pública.
