A su vez ratificaron el procesamiento de los hermanos Shoklender y embargaron a todos por 250 millones de pesos en bienes a cada uno
La Sala I de la Cámara Federal procesó al exministro de Planificación Federal Julio De Vido y confirmó la acusación sobre los hermanos Pablo y Sergio Schoklender, así como la titular de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, en el marco de la causa por defraudación al Estado nacional con fondos públicos utilizados para la construcción de viviendas sociales.
El fallo fue firmado por los jueces Martín Irurzun y Leopoldo Bruglia, en una resolución en la que además ratificaron el procesamiento de José López y Abel Fatala, entre otros exfuncionarios. A De Vido se le revocó la falta de mérito y a todos los implicados se les confirmó, además, un embargo de bienes por 250 millones de pesos a cada uno.
Bonafini, los Schoklender y De Vido habían sido procesados por el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi en la causa «Sueños Compartidos«, acusados del delito de defraudación por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública. Fueron apuntados como «partícipes necesarios» de los financiamientos sospechosos que les fueron otorgados por la Secretaría de Obras Públicas de la Nación.
La Justicia había determinado que la titular del organismo de Derechos Humanos tenía conocimiento de los «desmanejos financieros que realizaban los apoderados de la Fundación Madres de Plaza de Mayo que ella misma había instituido».
En tanto, calificó como «autores del delito» a los hermanos Schoklender ya que utilizaronen su condición de apoderados de su Fundación, en «connivencia con funcionarios públicos, para gestionar y obtener de forma ilegítima fondos del Estado».
La defraudación en cuestión alcanzaría los 206 millones de pesos que, según detectó la Auditoría General de la Nación, no pudieron asociarse con el monto utilizado en la gestión de obra. La Fundación manejó un total de 748 millones de pesos.
En este marco, se consideró que Hebe «al menos participó de esos quehaceres aprobando los irregulares balances de la institución y autorizando indebidamente la tercerización a la empresa Meldorek S.A. de los servicios que habían sido contratados directamente a la Fundación».
Al «recrear parcialmente el circuito» por el que siguieron los fondos enviados desde el Ejecutivo, el juez había podido determinar que «fueron ilegítimamente apartados de su objetivo» que era el de la construcción de viviendas por parte de la Fundación. Además, coincide el período de transacción de estos fondos con el del enriquecimiento de los imputados y las empresas vinculadas a los mismos «sin que exista otra causa que las justifique».
Asimismo, otras trece personas fueron señaladas por lavado de dinero y embargadas al estar relacionadas a las «cuevas» que presuntamente se utilizaron para el cambio de los cheques que se recibían desde Obras Públicas.
