Tanto él como Jorge Mayoral, Roberto Baratta y Jaime Valvar tenían la obligación de controlar $265 millones que habrían sido desviados.
El juez federal Luis Rodríguez procesó hoy con prisión preventiva al exministro de Planificación Federal Julio De Vido por administración fraudulenta en el manejo de fondos para la mina Río Turbio.
Fuentes judiciales informaron a NA que la decisión se tomó en el marco de una de las causas en las que De Vido fue detenido y previamente desaforado por la Cámara de Diputados. Junto con el procesamiento, el juez le trabó un embargo sobre sus bienes por un valor de 250.000.000 de pesos.
La causa:
El fiscal Carlos Stornelli consideró que tanto Julio De Vido como el exsecretario de Minería, Jorge Mayoral; el exsubsecretario de Coordinación Roberto Baratta; y el excoordinador general del Ministerio Jaime Valvar. Ellos tenían la obligación de controlar $ 265 millones que tenían como finalidad la puesta en marcha en un yacimiento carbonífero de Río Turbio, pero que habrían sido desviados.
El ex ministro de Planificación Federal había sido denunciado por el fiscal por un fraude contra el Estado de de $ 270 millones. Pero el monto de la estafa podría ser mucho mayor: entre 2005 y 2015 salieron de las arcas públicas $ 26.000 millones destinados al complejo Río Turbio (un proyecto de una central eléctrica, una mina de carbón y el tren Eva Perón). El tren no funciona. La mina, que debía reactivarse y alimentar la central, produjo en 2015 lo mismo que en 1951: 48.000 toneladas anuales.
Según el fiscal, De Vido y Roberto Baratta, ex subsecretario de Coordinación y Control de Gestión del Ministerio de Planificación, fueron responsables de la “maniobra defraudatoria” porque el complejo minero “tiene un 70% menos de las galerías que lo proyectado” y “produce un 85% menos que lo establecido”, pero no obstante “posee un 233% más de personal”.
La maniobra defraudatoria consistió en la “ilegítima obtención de fondos provenientes del Estado, la UTN y la FRSC” según el juez Luis Rodríguez. Todo, según el expediente, se realizó en “connivencia con funcionarios y empleados públicos” de estos organismos. Así, el magistrado determinó que a través de ese mecanismo se celebraron más de 500 convenios -para diversas obras y capacitaciones-, por $4.866.400.000 de los que se facturaron $ 1.379.923.949. El perjuicio a las arcas del Estado ascendería, en principio a $ 176.074.000.
