La Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires presentó un proyecto de ley para establecer una prestación económica inmediata a las víctimas en el ámbito de la capital nacional.
En el marco del Día Internacional contra la Trata de Personas, celebrado en todo el mundo el 30 de julio, la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires presentó, ante la Legislatura Porteña, un proyecto de ley que busca la creación de una prestación económica inmedianta a las víctimas de la trata de personas en el ámbito de la capital nacional.
«La esclavitud no desapareció, adoptó nuevas formas. En nuestro país, por duro que sea, hay esclavitud y desaparecen personas. Lamentablemente, la trata de personas con objeto de explotación sexual, laboral u otra forma, es una triste realidad”, explicó al respecto la Defensora del Pueblo Adjunta de CABA, Bárbara Bonelli, previo a afirmar que cada año miles de mujeres, hombres y niños caen en las manos de traficantes para ser utilizados con fines de explotación sexual laboral, extracción ilícita de órganos, reducción a la servidumbre, trabajo forzoso, pornografia infantil y toda otra forma de explotación del ser humano.
Además, destacó que el inmenso poder económico del cual gozan las organizaciones delictivas que obran en este sentido se basa en la ineficacia de algunos organismos estatales, la falta de una legislación adecuada y una “cierta condescendencia cultural hacia este tipo de explotación”.
«Este flagelo no afecta por igual a todos los géneros y clases sociales y desde que se sancionó la Ley 26.364 en el año 2008 (Prevención y Sanción de la Trata de Personas y Asistencia a sus Víctimas) hasta el 31 de agosto del 2019 se rescataron 14.505 víctimas», agregó.
Además, sumó, durante el año 2018 se rescataron 1531 personas en su mayoría mujeres y que el 56 por ciento fueron niñas, niños y adolescentes.
En cuanto al proyecto presentado este martes, el artículo 1 explica que su objeto es «establecer una prestación económica inmediata como garantía legal de ejercicio de los derechos enunciados en la Convención Internacional contra la Delincuencia Organizada Transnacional y su protocolo para «prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, especialmente mujeres y niños», y agrega: «La prestación económica inmediata tiene por objeto garantizar la reinserción social de las personas víctimas de la trata de personas».
