Así lo aseguró el director de la Asociación Fabricantes Argentinos de Coca-Cola, Esteban Agost Carreño. Calificó a la medida como «discriminatoria».
Ante el posible aumento de un 17 por ciento de las alícuotas en las bebidas con azúcar como parte del proyecto de la reforma tributaria que planea el Gobierno, el director de la Asociación Fabricantes Argentinos de Coca-Cola, Esteban Agost Carreño, advirtió que si se aplica se perderían «5.000 puestos de trabajo en toda la cadena».
Según argumentó el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, el objetivo de este incremento es «desincentivar el consumo» de este tipo de productos. Sin embargo, el titular de la asociación explicó: «Por el tipo de actividad que desarrollamos, si hubiera un incremento de impuestos de este tipo, el aumento del precio se daría casi inmediatamente, lo cual va a impactar en el consumo y entendemos que se va a dar una contracción en la actividad del sector».
En la actualidad, las bebidas azucaradas poseen una alícuota de un 4 por ciento y, al aumentarla 13 puntos más, esto incidiría directamente en el precio final de los productos relacionados que valdrían un 11 por ciento más según consideró Carreño en declaraciones a Radio El Mundo.
En este sentido, calificó este ajuste como una «discriminación» en tanto que pidió «reglas equitativas» al tiempo que negó compartir la idea de que la meta de esta medida sea una cuestión de salud, sino que consideró que “la suba del impuesto tiene un mero fin recaudatorio”.
Por otro lado, señaló que la actividad en el sector «arrastra una baja del 3 por ciento en lo que va del año» y que «la industria parte de una carga tributaria muy grande, está castigada con el tema impositivo».
De la misma manera, durante los primeros días de conocerse la iniciativa tributaria, la empresa Coca Cola salió a advertir que evaluaba suspender negocios en el país y dejar de comprar jugos a productores citrícolas por unos 250 millones de dólares ante los nuevos tributos.
A su vez, en un principio, uno de sus puntos implicaba un aumento en la presión impositiva de vinos y cervezas, lo cual fue anulado luego de un encuentro entre el Gobierno, mandatarios provinciales y representantes de esos rubros.
