«Estoy convencido que a pesar de muchas limitaciones personales y de contexto, de las luces y las sombras de mi gestión, traté de dar lo mejor de mí para jerarquizar la salud pública», manifestó el funcionario.
Adolfo Rubinstein renunció como secretario de Salud de la Nación tras las idas y vueltas por la actualización del protocolo sobre interrupción voluntaria del embarazo, luego de que el presidente Mauricio Macri revocara la decisión.
«Estoy convencido que a pesar de muchas limitaciones personales y de contexto, de las luces y las sombras de mi gestión, traté de dar lo mejor de mí para jerarquizar la salud pública», manifestó Rubinstein en su carta de renuncia.
Sobre la derogación del protocolo, expresó: “La actualización del protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazado que fue derogado en el día de la fecha se trata de una guía de actuación destinada a los médicos y los equipos de salud para darles certeza y protección en la realización de los procedimientos que deben realizar para garantizar los derechos que están consagrados en nuestro código penal y refrendados por el fallo F.A.L. de la Corte Suprema de Justicia de la Nación”.
Y añadió: “La resolución que lamentablemente fue derogada le daba a esta actualización le entidad jurídica y normativa que varias provincias reclamaban para reforzar las acciones necesarias del equipo de salud para realizar ILE en las personas restantes, incluidas las niñas y adolescentes, en condiciones seguras y con los mejores estándares de calidad».
En tanto, el funcionario sostuvo que “esta decisión de formalizar jurídicamente la protección de derechos en los casos de causales de aborto no punible sancionadas en nuestro código penal hace casi un siglo tuvieron una repercusión política indeseada, que determinó mezclando las causales de interrupción legal con el debate sobre interrupción voluntaria del embarazo (IVE) que se dio en el Congreso de la Nación el año pasado”, mientras que sostuvo que la resolución derogada tenía que ver “con la aplicación de garantías y derechos ya consagrados por las leyes de nuestro país”.
