La prórroga se da en un contexto de tensiones entre el Gobierno Nacional y las provincias.
El Gobierno argentino publicó el 30 de diciembre el decreto 1131/2024, oficializando la prórroga del Presupuesto General de la Administración Nacional para 2025, debido a la falta de acuerdo en el Congreso para aprobar una nueva Ley de Leyes. Esta es la segunda prórroga consecutiva, ya que el Ejecutivo decidió no convocar sesiones extraordinarias, argumentando preocupaciones sobre el impacto que un debate legislativo podría tener en el equilibrio fiscal.
La prórroga se da en un contexto de tensiones entre el Gobierno Nacional y las provincias. Las negociaciones están suspendidas, ya que los gobernadores reclaman puntos que, según el presidente Javier Milei, atentan contra su premisa central del déficit cero. Entre las principales exigencias de los mandatarios provinciales se destacan:
– Deudas por cajas previsionales.
– Coparticipación del impuesto a los combustibles líquidos.
– Distribución del Fondo de Aportes del Tesoro Nacional (ATN).
– Limitación de la alícuota de la Agencia de Recaudación Federal (ex AFIP).
– Compensaciones pendientes del Consenso Fiscal 2017.
Estos reclamos representan un total de 3.700 millones de dólares, según fuentes oficiales. Sin embargo, desde Balcarce 50 insisten en que no hay fondos disponibles para cubrir estas demandas.
Desde el oficialismo sostienen que, si los gobernadores acceden a respaldar el proyecto original presentado en septiembre, el Presupuesto podría tratarse en febrero, aunque no hay antecedentes de votaciones presupuestarias en ese mes. Un importante alfil libertario afirmó que, si los gobernadores acceden a votar el Presupuesto enviado, podría tratarse en febrero.
Sin acuerdos concretos y con un escenario legislativo incierto, el decreto aparece nuevamente como la herramienta clave para prorrogar el presupuesto sancionado en diciembre de 2022, tal como se hizo al inicio de la gestión libertaria en diciembre de 2023. El artículo 2 del decreto delega al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, la facultad de “adecuar oportunamente” la previsión presupuestaria según el contexto económico y financiero.
Esta medida otorga al Ejecutivo discrecionalidad para manejar las cuentas del Estado, lo que podría generar tensiones adicionales con las provincias y organismos internacionales como el FMI. En este complejo panorama, el Gobierno apuesta a mantener su premisa de déficit cero, mientras las provincias exigen respuestas concretas a sus demandas. La incertidumbre sobre el futuro del presupuesto 2025 continúa, con febrero como un posible punto de inflexión.
