Así lo requirió el fiscal Carlos Stornelli. Además de la vicepresidenta electa, también incluye a exfuncionarios K y a empresarios.
En la causa por la cartelización de la Obra Pública, el fiscal federal Carlos Stornelli pidió enviar a juicio a la vicepresidenta electa Cristina Kirchner, al exministro de Planificación Julio De Vido, al exsecretario de Obras Públicas José López, y a un grupo de empresarios entre los que figuran Ángelo Calcaterra, Cristóbal López, Gerardo Ferreyra y Carlos Wagner, junto al financista y arrepentido Ernesto Clarens.
“En la causa se probó que los pagos efectuados por los empresarios a los integrantes de la asociación ilícita fueron realizados con la intención de obtener una contraprestación a cambio, lo que descartó, desde un primer momento, la posibilidad de que hayan sido efectuados simplemente por el cargo que detentaban”, sostuvo el fiscal.
El pedido de elevación a juicio también incluye a los exfuncionarios Sergio Hernán Passacantando, Nelson Guillermo Periotti y Sandro Férgola y a los empresarios Miguel Marcelino Aznar, Hugo Alberto Dragonetti, Gabriel Pedro Losi, Patricio Gerbi, Juan Chediack, Aldo Benito Roggio, Ricardo Santiago Scuncia y Héctor Javier Sánchez Caballero.
La lista se completa con: Santiago Ramón Altieri, Miguel Ángel Marconi, Osvaldo Antenor Acosta, Marcela Edith Sztenberg, Silvio Mion, Daniel Claudio Piton, Roberto Juan Orazi, Julio José Paolini, Juan José Luciano, Pablo José Gutiérrez, Jorge Sergio Benolol, Adrián Eduardo Pascucci, Oscar Abel Sansiñena, Luis Armani, Guillermo Escolar, Juan Bautista Pacella, Carlos Daniel Román, Carlos Eduardo Arroyo, Mario Ludovico Rovella, José Gerardo Cartellone, Tito Biagini, Hugo Alfredo Kot, Osvaldo Manuel De Sousa, Cristobal Manuel López, Rodolfo Perales, Eduardo Luis Kennel, Juan Manuel Collazo, Ricardo Antonio Repetti, Carlos Fabián De Sousa, Mauricio Pedro Pascucci, Luis Losi, María Rosa Cartellone, Gerardo Cartellone.
“Ninguna de las entregas de dinero acreditadas en el presente fue realizada a título gratuito como simple regalías y por la investidura que poseían los funcionarios. Los privados y los representantes de la organización paraestatal realizaron un claro pacto, en el cual los primeros entregaban dinero a los segundos para que éstos, ejerciendo sus capacidades, hicieran algo específico y determinado con relación a los procedimientos administrativos o contratos en los cuales estaban involucrados”, agregó en su descargo y añadió: “Ambos bandos negociaron, espontánea y voluntariamente, y acordaron un pacto respecto del cual sabían que les iba a generar beneficios económicos recíprocos”.
Ahora, será el turno de que opinen las defensas sobre mandar el caso a juicio. Será el juez Claudio Bonadio el que defina si la investigación de la causa está completa en esta etapa y que el tema se ventile en un debate oral.
La causa
Se inició como un desprendimiento de la causa de los cuadernos. Allí se investigaba los viajes de Oscar Centeno recolectando coimas a empresarios. Durante esa investigación, el juez puso en foco a los arrepentidos: Wagner, Clarens y López. Ellos hablaron de un sistema en donde se le pedían retornos a los integrantes del “club de la obra pública” constituidos en la Cámara Argentina de la Construcción, encabezados por Wagner por ese entonces. Clarens, por su parte, en su seguidilla de declaraciones para convertirse en imputado-colaborador aportó unos listados que se constituyó como una prueba clave.
Los empresarios acusados en el caso de los cuadernos fueron dejados afuera de la asociación ilícita. Sin embargo, en esta causa fueron considerados socios de Cristina Kirchner y los ex funcionarios en esa supuesta banda. Los empresarios procesados fueron un centenar.
