Según el funcionario, hubo “violación de secreto fiscal” y defraudación. Ya hubo renuncias y se investigará a los encargados de proteger los datos.
La AFIP presentó una denuncia penal por la filtración de un grupo de personas que blanqueraron por un monto de 130 millones de dólares. Entre los nombres sospechados figura un hermano y un íntimo amigo del Presidente, Mauricio Macri, además de empresarios de primera línea. La causa recayó en el juez Rodolfo Canicoba Corral.
La demanda se relaciona a dos delitos: violación de secreto fiscal y defraudación. En caso de haber culpables, podrían sufrir pena de prisión de 2 a 4 años, tal como lo establece el Código Penal como la ley de Sinceramiento Fiscal en su artículo 87.
El conflicto ya movió los cimientos del organismo, este miércoles renunció el responsable de la subdirección general de sistemas y telecomunicaciones, Jorge Enrique Linskens. Se trata de un funcionario que ya había trabajado en la anterior gestión de Abad, con pasado en el Correo Argentino y en el gobierno porteño.