La próxima audiencia será dentro de una semana, el miércoles 4 de octubre.
En el primer día de audiencia por la tragedia ferroviaria de Once, el ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido escuchó la acusación en su contra por dos delitos, estrago culposo agravado y administración fraudulenta, que tienen una pena que va de los tres a los 11 años de prisión. En caso de una condena por la pena mínima será de cumplimiento efectivo en una prisión.
Se trata del primer juicio oral contra quien fue ministro durante los 12 años de los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner de las varias causas judiciales que tiene. De Vido está procesado además por las irregularidades en la obra pública, la compra de trenes chatarra a España y Portugal y la no renovación de contratos ferroviarios, entre otras.
De Vido llegó a las 9:20 de la mañana a los Tribunales de Comodoro Py. Dieciocho minutos después empezó a ser juzgado por la tragedia en la que en febrero de 2012 fallecieron 52 personas.
Durante su denuncia, la fiscalía advirtió: «la imputación que se erige respecto de Julio Miguel De Vido, durante su gestión como Ministro de Planificación Federal, Inversión y Servicios Públicos, consiste en no haber controlado las condiciones de funcionamiento en cuanto a la utilización del material rodante, de la infraestructura, del personal transferido y la aplicación de fondos públicos que el Estado Nacional puso a disposición de la empresa Trenes de Buenos Aires S.A.. Asi, la inacción del nombrado, en función del rol que desempeñaba, como de las dependencias subordinadas -pese al notorio deterioro de los bienes afectados a la concesión-, posibilitaron las circunstancias precedentemente detalladas».
Y se agregó: «En la empresa concesionaria se omitieron realizar las tareas de mantenimiento y sistemáticamente no se ejecutaron los planes que se encontraban obligados a cumplir, circunstancia que ocasionó un perjuicio económico al erario público, como consecuencia del grave deterioro de los bienes concesionados cuya conservación y custodia les fuera contractualmente confiada, como así también la falta de durabilidad de las inversiones efectuadas por el Estado Nacional para proceder a las reconstrucciones del material rodante solventada con fondos públicos y ejecutada por la empresa Emprendimientos Ferroviarios S.A».
Antes de tomar lugar en la sala, el abogado del acusado y su socio Gabriel Palmeiro señalaron a través de un comunicado que las pruebas en contra de De Vido no tienen «sostenibilidad fáctica y normativa».
Los defensores advirtieron que «estamos en presencia de un juicio que, ya desde la base, lesiona un conjunto de garantías constitucionales pretendiendo una utilización impropia del Derecho penal del Estado de Derecho», y que ese planteo «seguramente será la base de objeciones procesales con las cuales informaremos al Tribunal.»
