El ministro de Educación señaló que existieron «actos de marcada irregularidad» en los procesos de licitación que la gestión de Cambiemos lanzó para la construcción de jardines.
El ministro de Educación, Nicolás Trotta, presentó una denuncia ante la Oficina Anticorrupción para que investigue y evalúe el inicio de un proceso penal por irregularidades cometidas por el gobierno de Mauricio Macri en la transferencia de recursos del Estado por fondos que rondan los 62 millones de dólares en el marco del programa denominado «3000 jardines».
«La denuncia está vinculada a manifiestas irregularidades dentro del plan 3000 jardines que impulsó en mayo del 2016 la gestión de Macri para que sea la Oficina Anticorrupción que, analizando la documentación presentada, evalúe avanzar en las denuncias penales pertinentes», afirmó Trotta en la conferencia de prensa en Casa Rosada que ofreció para comunicar los alcances de su presentación.
El funcionario señaló que existieron «actos de marcada irregularidad» en los procesos de licitación que la gestión de Cambiemos lanzó para la construcción de jardines de infantes en distintas provincias argentinas y advirtió que hubo «una connivencia por parte de funcionarios del Ministerio de Educación nacional».
«De los 3000 jardines de infantes previstos, sólo fueron licitadas 292 obras y, finalmente, se concluyeron 107», puntualizó Trotta en base a datos recabados desde su cartera a través del rastreo y análisis de más de 480 expedientes administrativos. Según el relevamiento, se detectaron anomalías en cuatro licitaciones de un total de 17 para la realización de 93 jardines, ninguno de los cuales fue concluido «evidenciándose una falta de correspondencia entre las obras y montos erogados por la contratista frente a las sumas millonarias transferidas a las mismas».
El funcionario remarcó, además, que «el 34% del total de las obras licitadas en el año 2016 fueron adjudicadas a la UTE Bahía Blanca Viviendas SRL-Escarabajal Ingeniería SRL a pensar de haber recibido un dictamen de la Comisión Evaluadora que indicaba que no tenía la capacidad operativa para absorber las obras». «Habiendo recibido transferencias por un importe total de 61.920.462 dólares, sobre un total de 92.357.315 que abarcaban los cuatro contratos, ninguna de las 93 obras fue finalizada», remarcó.
Observó también que por entonces «el metro cuadrado fue calculado en 1498 dólares» cuando «en la actualidad, tomando casos testigos, el costo de metro cuadrado de obra nueva en recientes licitaciones públicas es de 870 dólares en la provincia de Buenos Aires, de 675 en Salta y de 708 en San Juan, lo que también genera dudas y sospechas».
Por otra parte, entre las irregularidades denunciadas mencionó al abandono de las obras, el deterioro de lo construido por incidencias climáticas, faltantes por vandalismo, cercos perimetrales sin terminar y ausencia de vigilancia. Para el funcionario, otro dato sobre el cual se puso el foco «se vincula a la modalidad de financiación anticipada por parte del Estado nacional» dado que «el anticipo financiero se estipulaba a través de los pliegos como el equivalente al 30% pero luego se sumó la posibilidad, a través de una circular aclaratoria, de solicitar en concepto de acopio de materiales en pie de obra, anticipos sin tope a solicitud de la UTE».
«Todos estos elementos los hemos presentado ante la Oficina Anticorrupción y suman más de 10 mil fojas a partir de todo el trabajo llevado adelante por el área jurídica de nuestro ministerio», informó y dijo que esperan que sirva para «clarificar esta enorme sospecha sobre lo que fue el proceso de licitación del programa 3000 jardines».
En rigor, el plan fue una de las promesas electorales que hizo Macri en su campaña presidencial en 2015 y lo dio a conocer durante el debate de candidatos. En ese marco, aseguró: “Me comprometo a construir los 3.000 jardines de infantes que faltan, la mayoría están en la provincia de Buenos Aires para que tengan sala de 3, 4 y 5. Estamos hablando de 683.000 niños que no tienen hoy igualdad de oportunidades”.
