Tras los partidos del fin de semana, la fiscalía general porteña imputó a Rodolfo D’Onofrio y a Sergio Rapisarda por exceder la cantidad de gente permitida en las canchas de fútbol. Ambos dirigentes podrían enfrentar penas de hasta dos años de cárcel.
Este fin de semana se dio el regreso del público a los estadios del fútbol argentino después de más de un año y medio. Sin embargo, la Justicia ordenó rápidamente una investigación por el exceso del aforo permitido por el Gobierno para el ingreso del público que debía ser del 50%.
En ese sentido, los presidente de River, Rodolfo D’Onofrio, y de Vélez, Sergio Rapisarda, quedaron formalmente imputados por el exceso de público en los partidos del fútbol argentino del último fin de semana por delitos que contemplan penas de prisión de hasta dos años.
D’Onofrio y Rapisarda quedaron imputados como máximas autoridades de la Comisión Directiva de cada uno de sus clubes, pero el avance de la investigación podría extender las acusaciones a otros integrantes de ambas conducciones, especialmente a quienes tenían responsabilidad directa en la organización de los partidos que sus equipos disputaron en calidad de locales.
El fiscal general de la Ciudad de Buenos Aires, Juan Bautista Mahiques, confirmó la imputación tras los allanamientos al Estadio Monumental dispuestos en la víspera la fiscal a cargo de eventos deportivos del Ministerio Público Fiscal porteño, Celsa Ramírez.
La fiscalía a cargo de Ramírez había imputado a las comisiones directivas de ambos clubes por haber permitido que ingresaran a los respectivos estadios más concurrentes que los que habían sido autorizados mediante una disposición especial del gobierno que permitió el regreso de los simpatizantes a las canchas.
Sin embargo, el fiscal general Mahiques explicó que, además del artículo 205 del Código Penal, que reprime la violación de normas dispuestas para controlar una pandemia, los directivos de ambos clubes pudieron haber infringido el artículo 239 que castiga a quien desobedeciere o se resistiera a una indicación de un funcionario público.
Durante el allanamiento concretado el lunes en River Plate fueron secuestradas cámaras de seguridad, servidores donde quedaron alojadas las imágenes del sistema de monitoreo, registros de los molinetes y documentación sobre el personal estable y contratado para el operativo de acceso a las gradas. Hasta anoche, el Estadio José Amalfitani, de Vélez, no había sido allanado pero fuentes de la fiscalía a cargo de Ramírez no descartaron una medida de esa naturaleza.
Con información de Noticias Argentinas.
