El caso judicial se remonta a diciembre de 2007, cuando la empresa firmó un acuerdo con Repsol para adquirir un cuarto del capital accionario de YPF.
Los gobernadores Ignacio Torres (Chubut), Alfredo Cornejo (Mendoza) y Claudio Vidal (Santa Cruz) se presentaron este lunes en el Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 4 de Comodoro Py para constituirse como querellantes en la causa que indaga las condiciones del ingreso del Grupo Petersen a YPF en 2007.
“Las provincias productoras somos accionistas de YPF y vamos a agotar todos los recursos para defender lo que nos pertenece”, afirmó Torres, quien encabezó la presentación. El mandatario chubutense adelantó que, de ser necesario, también acudirán al Departamento de Justicia de Estados Unidos para pedir la suspensión de la acción civil hasta que se resuelva la causa penal en la Argentina.
Según explicó Torres, el grupo Eskenazi adquirió el 25% de las acciones de YPF apalancado en dividendos futuros, lo que precedió a la expropiación de 2012. Posteriormente, el reclamo iniciado por la familia fue vendido al fondo Burford Capital, que litigó contra el Estado argentino en Nueva York y obtuvo un fallo favorable de la jueza Loretta Preska, que ordenó al país pagar más de US$ 16.000 millones.
Además de la querella penal, Chubut presentó este lunes un amicus curiae ante la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York. El escrito sostiene que las provincias petroleras son accionistas de YPF y que solo pueden embargarse bienes del Estado nacional, no de los gobiernos provinciales.
El caso judicial se remonta a diciembre de 2007, cuando el grupo Petersen firmó un acuerdo con Repsol para adquirir un cuarto del capital accionario de YPF. Tras la expropiación de 2012, el litigio derivó en la condena contra la Argentina, que aún se encuentra en disputa en la justicia de Nueva York.
