La Justicia investiga a cinco empresarios que habrían estafado a al menos 50 personas.
Vito Antonio L’Abbate, y sus hijos Emanuel Andrés, Santiago y Juan Ignacio, socios de Induplack Fiduciaria, fueron acusados por la fiscal Mónica Cuñarro de asociación ilícita y estafa. Los damnificados, más de 50, denuncian que desde la constructora duplicaban los boletos de compraventa de los departamentos y que llegaron a vender las mismas unidades hasta tres veces.
Induplack Fiduciaria cuenta con muchos edificios en construcción en varios barrios de la Ciudad de Buenos Aires. Las víctimas invertían en la empresa para adquirir departamentos, oficinas y cocheras en obras de pozo. De acuerdo a lo que declararon, en algunos terrenos la inmobiliaria jamás comenzó a construir lo pactado.
«Estos emprendimientos estaban destinados a viviendas de propiedad horizontal, cuyos beneficiarios eran los adquirentes en calidad de consumidores finales que habían suscripto boletos de compraventa de unidades funcionales en los que se establecía la fecha de finalización de obra y del otorgamiento de la escritura traslativa de dominio», describió la fiscal.
El dinero obtenido de los boletos de compraventa, que los damnificados pagaban en cuotas, debería haber sido destinados para financiar los proyectos inmobiliarios. Sin embargo, Cuñarro explicó que la empresa no cumplió con lo acordado.
«Cuando se cumplía el plazo para la entrega y la escrituración, en algunos casos las obras no habían concluido. Otras ni siquiera habían comenzado y seguían en pozo, y, en otros casos, restaban los trámites registrales para su escrituración. Es así que cuando los damnificados solicitaban explicaciones, se les respondía con evasivas para dilatar los plazos», explicó.
Según información obtenida del Banco Central, Induplack Fiduciaria emitió 71 cheques en los últimos años y sus deudas escalaron a $130 millones. Hoy, la constructora debe $93 millones.
Ya son varias las víctimas que denunciaron que, al querer ingresar en sus departamentos, se encontraron con otros inquilinos que también eran dueños del mismo inmuebles. El embargo colectivo que realizaron en el pedido de indagatoria supera los $700 millones.
Ahora, las víctimas exigen respuestas. En sus redes, aquellos que invirtieron en obras de pozo acusaron que desde la empresa dejaron de responder y enviar actualizaciones de las construcciones. Los damnificados ya crearon una cuenta en Instagram para poder unir sus reclamos y mostrar las estafas de la familia L’Abbate.
