La revisión se da sobre el plazo de los 90 días para su tratamiento legislativo.
Con 140 votos afirmativos, 80 negativos y 17 abstenciones, la iniciativa impulsada por bloques opositores obtuvo media sanción, aunque deberá regresar al Senado. El punto más controvertido, el artículo 3, proponía que los decretos pierdan vigencia si no son tratados por el Congreso en un plazo de 90 días desde su publicación. La cláusula fue rechazada por un giro en los apoyos de sectores dialoguistas, lo que impidió alcanzar la mayoría necesaria.
La reforma plantea tres cambios sustanciales:
Que el rechazo de una sola cámara sea suficiente para invalidar un DNU.
La prohibición de los “decretos multitemáticos”, como el DNU 70/23.
La incorporación de un plazo de 90 días para su tratamiento legislativo (este último, aún pendiente de aprobación).
El oficialismo, a través de La Libertad Avanza, denunció que la reforma busca limitar las atribuciones del presidente Javier Milei. El diputado Nicolás Mayoraz advirtió que “se instala el gobierno del Congreso” y acusó a la oposición de querer “reformar la Constitución por vía de una ley”.
Desde la oposición, Mónica Litza (Unión por la Patria) defendió el proyecto y negó que se le quiten facultades al Ejecutivo. “Dadores voluntarios de gobernabilidad no les faltaron”, afirmó, diferenciando entre decretos que ampliaron derechos y aquellos que “vinieron a destruir el Estado”. Miguel Ángel Pichetto (Encuentro Federal) respaldó la reforma y señaló que “el modelo está agotado”: “Es tiempo de recuperar el debate y el consenso en el Congreso”.
El rechazo del artículo 3 se explicó por el cambio de postura de diputados del PRO, la Coalición Cívica, el MID y el bloque Coherencia. Entre quienes acompañaron en general pero se apartaron en particular estuvieron Héctor Baldassi, Sofía Brambilla y Álvaro González (PRO), además de Karina Banfi (UCR), que se abstuvo.
El debate se dio en un contexto económico y diplomático delicado. Mientras se discutía la ley, el equipo económico del Gobierno negociaba en Washington con el Tesoro de EE.UU. y el Fondo Monetario Internacional. En ese marco, el diputado Nicolás Massot advirtió que la falta de claridad económica puede derivar en una nueva corrida cambiaria. “Con un tercio no hay forma de que se salve”, disparó, en alusión a la debilidad legislativa del oficialismo.
La Cámara Alta podrá insistir con el artículo rechazado y sancionar la ley completa si reúne los votos necesarios. El desenlace será clave para definir el alcance institucional de los decretos presidenciales y el equilibrio de poderes en un momento de alta sensibilidad política.
