El documento cuenta con referencias directas al presidente Javier Milei, al juez federal Marcelo Martínez de Giorgi y al fiscal Eduardo Taiano: por qué.
Este martes a las 16, la comisión especial de la Cámara de Diputados que investigó el caso de la criptomoneda $LIBRA presentará su informe final, tras más de nueve meses de trabajo.
El documento, que será expuesto en la Sala 1 del Anexo del Congreso, promete ser contundente y sin matices, con referencias directas al presidente Javier Milei, al juez federal Marcelo Martínez de Giorgi y al fiscal Eduardo Taiano.
El texto reúne cientos de testimonios, pericias y documentos provenientes de organismos públicos, exchanges de criptomonedas y áreas del Ejecutivo. Su eje central es la reconstrucción del recorrido de más de 120 millones de dólares vinculados a la cripto $LIBRA, promocionada por Milei a principios de 2025 y desactivada poco después, dejando a miles de inversores con denuncias de estafa.
El presidente de la comisión, el diputado Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica), anticipó que el informe incluirá “consideraciones y recomendaciones” dirigidas al Poder Judicial, con un apartado específico sobre el accionar de Di Giorgi y Taiano.
Desde la comisión se acusa a ambos funcionarios de haber incurrido en “restricción indebida” del acceso a evidencias, demoras injustificadas en la entrega de documentación y decisiones que, según el cuerpo legislativo, entorpecieron el control institucional. El informe detalla pedidos frustrados, respuestas parciales y resoluciones que mantuvieron cerrado el acceso a material considerado clave.
Además, se cuestiona que la Justicia no haya autorizado la detención ni la indagatoria de los empresarios Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, vinculados al escándalo, pese a denuncias de riesgo de fuga y entorpecimiento de la investigación. El juez argumentó que las medidas cautelares vigentes, como el congelamiento de activos, eran suficientes.
El dictamen incluirá una acusación formal por mal desempeño e incumplimiento de deberes contra los funcionarios judiciales, y recomendará la apertura de procesos disciplinarios y eventuales acciones penales. También se confirmará la elevación de un recurso extraordinario ante la Corte Suprema contra las resoluciones que limitaron las potestades de la comisión.
En el plano político, el informe podría convertirse en base documental para un eventual proceso de juicio político contra el presidente Milei, al dejar asentadas responsabilidades institucionales en la promoción y posterior colapso del proyecto cripto.
