Es porque actualmente se dan casos como los cuñados de Gustavo Béliz y Felipe Solá, que son dirigentes justicialistas.
El Gobierno de Alberto Fernández dará marcha atrás con el decreto que impide nombrar familiares, impulsado por Mauricio Macri en enero de 2018.
La decisión de la administración de Cambiemos tuvo lugar tras la polémica desatada con la presencia en la planta estatal de la esposa y dos hermanas del por entonces ministro de Trabajo, Jorge Triaca.
Ahora, la nueva administración dejará sin efecto esa norma, ya que existen ejemplos entre los nuevos funcionarios que entrarían en colisión con la normativa.
El primer caso clave es el de Gustavo Béliz y Francisco “Pancho” Meritello. El secretario de Asuntos Estratégicos y el de Medios son cuñados.
El segundo es el de Felipe Solá y Guillermo Justo Chávez. El flamante ministro de Relaciones Exteriores cuenta con su cuñado en la Cancillería: Chávez es el jefe de Gabinete de Felipe.
Además, Francisco Cafiero, primo del jefe de Gabinete Santiago, asumió en el Ministerio de Defensa que conduce Agustín Rossi.
El decreto reza, en su artículo 1, que “no podrán efectuarse designaciones de personas, bajo cualquier modalidad, en todo el Sector Público Nacional, que tengan algún vínculo de parentesco tanto en línea recta como en línea colateral hasta el segundo grado, con el Presidente y Vicepresidente de la Nación, Jefe de Gabinete de Ministros, Ministros y demás funcionarios con rango y jerarquía de Ministro“. Y aclara: “Quedan incluidos el cónyuge y la Unión Convivencial”.
En enero de 2018, se supo que Jorge Triaca tenía dos hermanas nombradas en la administración de Macri: Mariana y Lorena
Su esposa María Cecilia Loccisano, además, desempeñaba un importante cargo y debió abandonarlo, con el decreto
Además, el entonces ministro de Turismo, Gustavo Santos, tenía a su hijo Matías designado como jefe de asesores.
El por entonces ministro de Defensa, Oscar Aguad, por otro lado, tenía en sus filas a su yerno Rodrigo de Loredo.
El mismo criterio se aplicó en la Ciudad de Buenos Aires por decisión de Horacio Rodríguez Larreta, que aún mantiene vigente dicha reglamentación.
