El TOF 8 consideró que no hay riesgos para pensar que la vicepresidenta pueda entorpecer la investigación.
El Tribunal Oral Federal 8 (TOF 8) dejó hoy sin efecto la prisión preventiva a la vicepresidenta Cristina Kirchner en la causa del Memorándum de Entendimiento con Irán.
En el marco de esta causa, la ex presidenta es acusada por la denuncia del fallecido fiscal Alberto Nisman de encubrimiento del atentado a la AMIA por la rúbrica de este acuerdo.
La decisión está fundamentada en que «pasaron dos años desde que se solicitó su prisión preventiva y la Fiscalía consideró que no era necesario que la misma siga vigente».
Cristina Kirchner cuenta con diez procesamientos en la Justicia por distintas causas (Hotesur, presunta corrupción en obra pública, entre otras) y tras esta decisión, con cuatro pedidos de prisión preventiva.
Semanas atrás, el presidente Alberto Fernández consideró que eran «prisiones arbitrarias» las que recayeron sobre ex funcionarios de las gestiones kirchneristas y en las últimos días, en base a las nuevas restricciones impuestas a las prisiones preventivas en el nuevo Código Procesal Penal, se ordenaron varias excarcelaciones de dirigentes y empresarios investigados en diferentes expedientes de corrupción.
Entre quienes recuperaron la libertad en los últimos tiempos figuran Julio De Vido, Roberto Barata y Omar «Caballo» Suárez.
En octubre pasado la causa del Memorándum había quedado sin detenidos cuando fue liberado el ex líder de Quebracho, Fernando Esteche, luego de que se hiciera lo propio con el ex secretario de Legal y Técnica de la Presidencia Carlos Zannini, el dirigente kirchnerista Luis D´Elía y el referente de la comunidad islámica Jorge «Yussuf» Khalil.
Hace dos años, el 7 de diciembre de 2017, el juez Claudio Bonadio había dictado los procesamientos y prisiones preventivas de todos ellos, además de los de Cristina Kirchner (contaba con los fueros como senadora) y del ya fallecido ex canciller Héctor Timerman.
Luego, la Cámara Federa confirmó los procesamientos y prisiones preventivas, aunque cambió la calificación del delito a «estorbo de un acto funcional, abuso de autoridad y encubrimiento agravado».
