La acusación, promovida por el fiscal Carlos Stornelli, iba dirigida a la titular de la Defensoría del Público, Miriam Lewin, y aseguraba que el observatorio haría las veces de «comisaría del pensamiento».
En medio de la polémica por la creación de NODIO y la posterior denuncia de diputados de Juntos por el Cambio contra la titular de la Defensoría del Público, Miriam Lewin, la Justicia decidió este viernes rechazar la acusación, la cual había sido promovida el pasado jueves por el fiscal Carlos Stornelli.
«Más allá de la opinión que se pueda tener sobre la creación de un organismo como el cuestionado y de cuál o cuáles deberían ser la acciones positivas que los Estados deben realizar para combatir la desinformación en línea, lo cierto es que en el estado actual en que se encuentran las cosas los perjuicios invocados por el fiscal son meramente hipotéticos y basados en una apresurada interpretación de la norma cuestionada que incluso omite individualizar”, explicó en su fallo la jueza María Capuchetti, quien además pidió como prueba la normativa de creación del organismo.
En base a la denuncia presentada por Fernando Iglesias, Waldo Wolff, Graciela Ocaña y una decena de legisladores del principal partido opositor, el Observatorio de la desinformación y la violencia simbólica en medios y plataformas digitales, funcionaría como una «comisaría del pensamiento», que la información pública acerca de NODIO es «escasa y difusa», y que ese «secretismo» es «contrario a los actos de gobierno que se enmarcan en un sistema republicano».
La labor de NODIO, había explicado Lewin días atrás, era desarticular las noticias falsas que circulan en los medios y brindar asesoramiento en ese sentido.
«El desafío de abordar la problemática de la desinformación en línea que el Observatorio cuestionado tendría como objetivo es evidente y bastante común en diversas partes del mundo, pero también lo es la preocupación de la ciudadanía respecto de la forma en que se lleva a cabo este tipo de tarea pues, a través de ese tipo de iniciativas es posible limitar de manera indebida la libertad de expresión, extender el control del Estado sobre los medios, restringir la libertad en Internet y ampliar la facultad de diversos actores de recopilar datos personales”, agregó la magistrada en su fallo, y remarcá que entiende que las alegaciones realizadas por el fiscal Carlos Stornelli referidas a que el aparato estatal «se estaría arrogando la potestad de definir o calificar qué noticia o expresión pública tendría o no tal alcance malicioso», «no ha sido complementada con el acompañamiento de ningún elemento que evidencie siquiera hipotéticamente el perjuicio alegado»
El pasado jueves el representante del Ministerio Público Fiscal había asegurado que con la creación del observatorio “no solo se apuntó contra los delitos de abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario, sino que avanza en la posibilidad de imputarla por atentado a la libertad de prensa y persecución ideológica”.
En ese sentido, pidió una «medida cautelar» para prohibir “la producción de cualquier acto administrativo y/o decisión y/o ejecución por parte de la Defensoría Público de Servicios de Comunicación Audiovisual y/o cualquier otro organismo estatal, que pudiera tender a llevar adelante las actividades” del observatorio».
“Señora Juez, una seria inquietud sobrevuela la Argentina, quizás una de las más peligrosas, aquella que se refiere a la amenaza a las libertades individuales. ¿Será que existen grupos cuyo perverso plan sea ese?” Y hasta se preguntó si lo que se busca es imponer una “cuarentena mental (…) Yo mismo he sido objeto de la mentira calumniosa, obscena, violenta y descarada. Jamás cuestionaría la libertad para hacerlo. Elijo siempre la libertad”, concluyó Stornelli en su planteo.
