Tras la denuncia contra el expresidente, Mauricio Macri, el ministro de Gobierno de Bolivia sostuvo en conferencia de prensa que se produjo un “tráfico ilícito de municiones” y aseguró que formó parte de un “plan continental para reprimir al pueblo boliviano”.
La investigación del gobierno de Bolivia tras la denuncia contra el expresidente Mauricio Macri por el envío de armas para la represión de una marcha durante el gobierno de facto, que sacó del poder a Evo Morales, continua su curso y podría complicar la situación del ex mandatario.
En ese marco, el ministro de Gobierno de Bolivia, Eduardo del Castillo, confirmó en conferencia de prensa que en noviembre de 2019 se produjo lo que constituye como “tráfico ilícito de municiones” por parte del gobierno argentino y “está penado con 30 años de prisión”.
“Se encontraron 26.900 balas antitumulto 12/70 en un depósito de la Policía de Bolivia que son parte de las 70.000 balas de gomas que la Gendarmería argentina pidió sacar del país el 12 de noviembre de 2019 con el argumento de defender la embajada argentina en el Estado Plurinacional”, apuntó el funcionario.
“El tráfico de armas está penado en Bolivia con 30 años de prisión. Quiero hacer hincapié en el tema de la Argentina. En bodegas de la policía boliviana se encontró material. Una parte fue enviado legalmente y otra parte se hizo de manera ilegal y lo estamos investigando”, resaltó en conferencia de prensa.
Según el funcionario boliviano, algunas de estas balas estaban escondidas en bolsas rotuladas como “guantes” y otras estaban en cajas con el sello de la Gendarmería argentina dentro del depósito de la policía en el que se hallaron.
Allí, Del Castillo aseguró que las municiones fueron recibidas “sin ningún tipo de documentación” y que este hecho formó parte de un “plan continental para reprimir al pueblo boliviano”.
“En el Hércules c130 argentino venía munición y armamento autorizado por el pueblo boliviano que cumplía con todos los mecanismos solicitados, no obstante llegaron otras municiones que no fueron ni solicitadas y mucho menos autorizadas”, denunció.
“Estos efectivos recibieron sin ningún tipo de documentación cajas de municiones, de proyectiles de granadas para la policía boliviana. Gran parte también fue entregada a la fuerza aérea de Bolivia y hay un faltante que aún se encuentra en investigación y que vamos a determinar si fueron utilizados en la masacre de Sacaba y Senkata”, subrayó.
