A partir de la sesión de la ONU celebrada en Ginebra, Argentina decidió mantener su postura con respecto al régimen de Daniel Ortega y se opuso a sesenta países que buscan condenar las violaciones a los derechos humanos en Nicaragua.
Este martes, el Gobierno se rehusó a firmar una declaración que exige al régimen de Ortega brindar elecciones «libres» y «transparentes», así como la liberación de los presos políticos. Por otro lado, alrededor de sesenta países decidieron suscribir la declaración.
El día de ayer, Alberto Fernández había comunicado que llamaba a consultas a Daniel Capitanich, embajador argentino en Managua, y así como ocurrió la semana pasada, Argentina se mantuvo firme en la decisión de no condenar los abusos del régimen de Daniel Ortega, junto con México y en esta ocasión también Costa Rica. Sin embargo, en contraposición con la resolución del Gobierno, este mismo martes, el embajador argentino Federico Villegas Beltrán apoyó el informe de Michelle Bachelet sobre Nicaragua y manifestó la «preocupación» de Argentina «por la situación de los derechos humanos en Nicaragua.»
El documento que Argentina resolvió no firmar, hace mención a las «violaciones de derechos humanos» dadas en Nicaragua y expresa: «Compartimos las preocupaciones del Alto Comisionado sobre Nicaragua, incluida la impunidad persistente por las violaciones de derechos humanos desde abril de 2018 y los continuos informes de detenciones arbitrarias. El Gobierno debe garantizar la protección de los derechos humanos y hacer rendir cuentas a los responsables.» Además, exige el cese de persecuciones políticas por parte del Gobierno de Nicaragua: «Instamos al Gobierno a que cese el hostigamiento contra periodistas y defensores de los derechos humanos y permita que las organizaciones de la sociedad civil operen en entornos seguros y propicios, sin temor a represalias».
Asimismo, busca dejar de lado las medidas adoptadas por Ortega para impedir las elecciones libres y justas en Nicaragua: «Nos preocupa que el Gobierno no haya implementado reformas electorales significativas antes de la fecha límite de mayo de 2021 de la Organización de los Estados Americanos, respaldada por este Consejo en marzo», y también, instan a Nicaragua a recibir observadores electorales internacionales en los comicios presidenciales, ya que la población nicaragüense «merece elecciones libres y justas a través de un proceso transparente y creíble, y una solución pacífica a la crisis sociopolítica del país.»
