El reporte acusó de que en la provincia argentina hubo medidas “abusivas e insalubres”. Además, el informe marcó que más de 24 mil personas permanecieron confinadas en lugares donde permanecieron “hacinadas” y sin una atención sanitaria adecuada.
Human Rights Watch y la Universidad John Hopkins realizaron un informe sobre la situación que se vive en Formosa en las medidas contra el coronavirus. El reporte marcó que las medidas utilizadas por Gildo Insfrán fueron “frecuentemente abusivas e insalubres para prevenir la propagación del COVID-19”.
Las entidades corroboraron que más de 24 mil personas fueron obligadas a permanecer confinadas en circunstancias que “podrían considerarse detenciones arbitrarias”.
El informe surge de 45 entrevistas telefónicas que realizaron las entidades a personas que estaban en aislamiento, médicos, víctimas de abuso policial, concejales y abogados. Según la entidad, aquellos que dieron su testimonio “temían sufrir represalias”.
Además, Human Rights Watch cuestionó al gobierno formoseño por haber “restringido el trabajo de la prensa independiente para cubrir la situación en la provincia, habrían empleado excesivamente la fuerza contra quienes protestaban por las medidas relacionadas con el COVID-19 y, durante meses limitaron severamente la posibilidad de la población de la ciudad de Clorinda de trasladarse y acceder a atención médica”.
“En ocasiones, el hacinamiento y las condiciones insalubres en los centros han dificultado el distanciamiento social. En algunos centros no había ventilación adecuada, y, en ocasiones, las autoridades no brindaron atención médica adecuada a quienes se encontraban allí”, marcaron en el informe.
Por último, criticó la inacción de la Secretaría de Derechos Humanos. “La respuesta de la secretaría no priorizó los derechos de las víctimas ni se centró en su rol principal de documentar las violaciones de derechos humanos durante protestas mayormente pacíficas”, señalaron.
