La senadora difundió en X un mensaje donde detalló los cambios del proyecto y defendió el endurecimiento del régimen para menores.
La ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, volvió a instalar un fuerte debate público tras difundir un video en su cuenta de X en el que explicó los lineamientos de la nueva Ley Penal Juvenil impulsada por el Gobierno. La iniciativa propone establecer responsabilidad penal para adolescentes a partir de los 13 años y endurecer el régimen vigente para delitos graves.
En el mensaje, Bullrich defendió la reforma al sostener que el actual sistema “deja sin respuesta a la sociedad” frente a hechos delictivos protagonizados por menores. Según planteó, el objetivo es terminar con la impunidad, garantizar sanciones proporcionales y enviar una señal clara de orden y autoridad. El video se viralizó rápidamente y generó reacciones encontradas en redes sociales.
El proyecto busca modificar el régimen penal juvenil vigente, que data de la década del 80 y es considerado obsoleto por distintos sectores políticos. Desde el oficialismo remarcan que la reforma no solo contempla sanciones, sino también medidas de contención, reinserción y seguimiento para los adolescentes que cometan delitos, especialmente aquellos de alta gravedad.
Sin embargo, la propuesta despertó fuertes críticas de organismos de derechos humanos, especialistas en niñez y sectores de la oposición. Advierten que bajar la edad de responsabilidad penal no reduce el delito y que el enfoque debería centrarse en políticas de inclusión, educación y prevención. También señalan posibles contradicciones con estándares internacionales sobre derechos del niño.
El debate no es nuevo en la Argentina, pero vuelve a ganar centralidad en un contexto de creciente preocupación social por la inseguridad. En ese escenario, el mensaje de Bullrich refuerza una línea dura que el Gobierno viene sosteniendo desde el inicio de su gestión y que promete generar un intenso tratamiento legislativo en el Congreso.
Mientras tanto, la difusión del video en X confirma el uso de las redes sociales como canal directo del Ejecutivo para instalar agenda y presionar por definiciones políticas. La discusión sobre la Ley Penal Juvenil, una vez más, queda en el centro de la escena.
