Así lo exigió la juez federal Viviana Piñeiro. Los efectos de la sentencia alcanzan a todos los beneficiarios de San Martin y Tres de Febrero en la provincia.
La baja de pensiones no contributivas de invalidez fue una de las últimas polémicas que tuvo el Gobierno y hoy sufrió un revés inesperado en tribunales.
La jueza federal Viviana Piñeiro ordenó restablecer los beneficios quitados. Se pronunció a favor de un amparo colectivo presentado por una particular y respaldado judicialmente por el diputado nacional Sergio Massa y el ex viceministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo.
Además, la funcionaria intimó al Ministerio de Desarrollo Social para que dentro de ocho días comience a otorgarle nuevamente la pensión a cada uno de los que fueron suspendidos. La sentencia interlocutoria, firmada el viernes pasado, alcanza a todos los beneficiarios que residen en los partidos de San Martín y Tres de Febrero. Aunque podría extenderse a otras jurisdicciones, la magistrada se declaró incompetente para decidir sobre el resto del país.
Un mes atrás, el Ejecutivo anunció que revisaría 70 mil pensiones. Sin embargo, los instantáneos reclamos obligaron a la titular del Ministerio de Desarrollo, Carolina Stanley, a retractarse públicamente.
