La presentación cuestiona el uso de licencias emitidas por autoridades británicas para desarrollar actividades sobre recursos marinos.
La Justicia Federal en lo Penal Económico recibió una denuncia contra directivos, administradores y representantes legales de distintas empresas pesqueras internacionales que operarían en el Atlántico Sur mediante sociedades mixtas vinculadas con las Islas Malvinas. La presentación cuestiona el uso de licencias emitidas por autoridades británicas para desarrollar actividades sobre recursos marinos.
La denuncia fue presentada por los abogados José Lucas Magioncalda y Juan Martín Fazio, integrantes de Reset Republicano. Según plantearon, las operaciones podrían afectar el control aduanero argentino y la explotación de recursos ubicados en la Plataforma Continental y la Zona Económica Exclusiva Argentina. La causa quedó radicada en el Juzgado en lo Penal Económico N° 7.
Entre las compañías mencionadas aparecen Lanzal, Grupo Pereira, Pescapuerta, Copemar, Ferralmes, Hermanos Touza y Moradiña. De acuerdo con el escrito, estas firmas mantienen vínculos comerciales con sociedades constituidas en las Islas Malvinas y utilizan distintas embarcaciones para desarrollar sus actividades pesqueras en el Atlántico Sur.
La denuncia por presunto contrabando
Los abogados sostienen que las maniobras podrían configurar delitos previstos en el Código Aduanero. Uno de los argumentos apunta a una presunta evasión del control argentino sobre las capturas, que posteriormente serían exportadas, trasladadas en alta mar o descargadas en Puerto Argentino y en terminales de terceros países sin intervención de organismos nacionales.
La presentación también plantea que el uso de permisos otorgados por autoridades británicas permitiría evitar la fiscalización argentina y, eventualmente, el pago de derechos de exportación y otras obligaciones vinculadas con el régimen cambiario. Los denunciantes solicitaron que se determine si esas acciones encuadran en los artículos 863, 864 y 865 del Código Aduanero.
Además, la denuncia pidió investigar una posible responsabilidad de funcionarios públicos por eventuales omisiones en las tareas de vigilancia y patrullaje. En particular, se planteó la necesidad de determinar si existieron fallas en los controles destinados a detectar operaciones pesqueras realizadas sin autorización argentina y en la posterior aplicación de sanciones.
Para avanzar con la investigación, los abogados solicitaron informes a la Prefectura Naval Argentina y al Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero. También pidieron información a la Dirección General de Aduanas sobre posibles exportaciones y pagos de aranceles, y a la Inspección General de Justicia para conocer los vínculos societarios y activos de las compañías en el país.
La nueva causa se suma a otras investigaciones relacionadas con actividades desarrolladas en las Islas Malvinas. En el Juzgado Federal N° 12 de Comodoro Py tramitan denuncias impulsadas por la Cancillería por proyectos hidrocarburíferos en el archipiélago, que incluyen a empresarios y ejecutivos vinculados con compañías petroleras internacionales.
