La Cámara de Apelaciones de Columbia autorizó a un fondo buitre a rastrear activos comerciales argentinos en el exterior para ejecutarlos.
La jueza Jia Cobb, de la Cámara de Apelaciones del Distrito de Columbia, autorizó al fondo Titan Consortium a iniciar la búsqueda de activos comerciales argentinos en el exterior y solicitar eventuales embargos. La medida apunta a ejecutar una sentencia que ordenó a la Argentina pagar US$390,9 millones, más intereses, por la expropiación de Aerolíneas Argentinas.
La autorización fue emitida el viernes 25 de septiembre y permite que los pedidos comiencen a tramitarse desde este lunes 28. La decisión habilita el inicio de ese proceso, pero no implica que ya se haya identificado o embargado algún activo.
Según explicó Sebastián Maril, analista de Latam Advisors que sigue los litigios contra la Argentina en el exterior, Titan tiene registrado el caso en tribunales de Columbia y Nueva York, aunque las solicitudes de búsqueda y embargo no necesariamente deben presentarse ante esas mismas instancias.
En los fundamentos de su decisión, Cobb consideró que había transcurrido un plazo prudencial desde la orden de pago. La magistrada señaló que, durante los 21 meses transcurridos, al parecer la Argentina no había hecho esfuerzos por cumplir la sentencia.
El recorrido del reclamo
El caso se originó en un laudo favorable a los demandantes emitido en 2017 por el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), tribunal arbitral dependiente del Banco Mundial. El reclamo había sido iniciado por el grupo español Marsans, que controlaba Aerolíneas Argentinas y Austral cuando el Estado las expropió en 2008.
Luego, los derechos del reclamo fueron transferidos a Burford Capital y posteriormente quedaron en manos de Titan Consortium. Desde 2021, el fondo busca que la Justicia estadounidense haga efectivo el pago. El CIADI rechazó en 2019 el pedido argentino para anular el laudo.
En diciembre de 2024, un tribunal estadounidense reconoció la sentencia y ordenó a la Argentina pagar US$390 millones, más intereses. El país apeló en 2025 y cuestionó el plazo de prescripción aplicable. El 21 de julio de 2026, la Corte de Apelaciones del Circuito del Distrito de Columbia confirmó que regía un plazo de 12 años y fijó el monto ejecutable en US$390.907.115,55.
Con la nueva autorización, Titan podrá buscar activos comerciales argentinos en el exterior y pedir que sean embargados para intentar cobrar la suma reconocida por la Justicia.
