El ex funcionario cuestionó la falta de transmisión en vivo de la indagatoria a la ex presidenta.
Horas antes de que Cristina Kirchner declare en el marco de la causa conocida como “Obra Pública”, Oscar Parrili apuntó contra los jueces por no permitir la transmisión en vivo del juicio oral.
“Quieren impedir que el pueblo argentino conozca la verdad sobre lo que acusan a Cristina“, sostuvo el exfuncionario en diálogo con El Destape.
“Esta Cámara se niega a que la defensa sea transmitida por los medios, sólo se les hizo a los medios escuchar la querella y lectura de los cargos y no la defensa. Esto demuestra una actitud sesgada, parcial en contra de ella“, denunció Parrilli.
El ahora senador planteó además que el juicio que se está desarrollando este lunes “no debería existir” sin antes haber “investigado toda la obra pública del país para ver si hubo sobreprecios o cartelización”, como pidió la vicepresidenta electa.
Parrilli consideró “una burla” la oferta de entregarle a Cristina el video de su declaración en lugar de realizar la transmisión en vivo.
“Me da vergüenza que tengamos jueces de esta naturaleza, están escondiendo una actitud persecutoria. Saben que cuando las cosas quedan claras ante la gente se les va a hacer difícil inventar un fallo. Este aparato judicial y mediático niega que el pueblo conozca la verdad de los delitos que se le están imputando“, argumentó el ex Secretario General de la Presidencia.
En el juicio se acusa a la ex mandataria de haber “perjudicado los intereses confiados al violar su deber de administrar y cuidar fielmente los bienes del Estado nacional que estaban bajo la órbita de su responsabilidad, en función de su calidad de jefa de gobierno y responsable política de la administración general del país” en su “carácter de presidente de la Nación, entre el 10 de diciembre de 2007 y el 9 de diciembre de 2015”.
Al respecto, Parrilli aclaró que todas las obras “fueron realizadas por la provincia de Santa Cruz y, sin embargo, no hay ningún gobernador imputado, ni ministro. Lo único que hizo fue en el presupuesto establecer los montos de transferencia y lo transformaron en un delito“.