La iniciativa reunió las firmas en las comisiones de Banca de la Mujer, Justicia y Asuntos Penales y Salud.
Las comisiones del Senado que debatieron el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo pasaron hoy a la firma el dictamen, con el fin de llevarlo a votación el 29 de diciembre, en un escenario de paridad y varios votos por develar.
Las comisiones de Banca de la Mujer, de Justicia y Asuntos Penales y de Salud escucharon a la última tanda de especialistas invitados para exponer a favor y en contra del proyecto, y luego los senadores dieron sus respectivos puntos de vista sobre el tema.
La presidenta de la Comisión de Banca de la Mujer, Norma Durango, pasó a la firma el proyecto que deberá circular por las tres comisiones y se prevé que finalmente tendrá la cantidad de firmas necesarias para un dictamen favorable.
Los senadores y senadoras que integran el plenario ratificaron su apoyo o su rechazo a la iniciativa, mientras que aquellos que mantienen indefinida su postura evitaron expresarse.
No obstante, el rionegrino Alberto Weretilneck, aliado del oficialismo, sorprendió al pedir cambios al proyecto aprobado por la Cámara de Diputados, aunque ratificó su postura a favor de la legalización.
«Es conocida mi posición a favor de ampliar los derechos de las personas gestantes en relación a la interrupción voluntaria del embarazo», señaló Weretilneck y agregó: «Las modificaciones que se proponen no cuestionan ese derecho sino, todo lo contrario, intentan afianzarlo».
El rionegrino aseguró que en su provincia, frente al procedimiento de interrupción legal del embarazo (ILE) que ya está vigente, «el 73% de los tocoginecólogos son objetores de conciencia y cuando empezó la ILE eran el 20%», tras lo cual advirtió: «Esta ley en dos años no tiene quien la ejecute y la lleve adelante».
Al respecto, se mostró de acuerdo con el aborto legal hasta la semana catorce de gestación pero consideró que por fuera de ese plazo deben agregarse nuevas causales, como la «malformación congénita que sea incompatible con la vida»; el embarazo resultado de la «violación de una persona menor de 13 años» y que «si el embarazo es el resultado de una violación de una persona mayor de 13 años» la práctica sea «hasta el momento de viabilidad fetal (22 semanas)».
En principio, el sector «verde» rechaza cualquier tipo de modificación sobre el proyecto porque eso implicaría devolverlo a la Cámara de Diputados, lo que retrasaría la sanción definitiva de la ley.
Por su parte, el jefe del bloque de senadores del Frente de Todos, José Mayans, ferviente opositor a la legalización del aborto, reiteró su crítica al «tratamiento exprés» del proyecto en «un tema tan profundo» y remarcó que «lo que está en juego es el derecho a la vida».
«Una ley de estas características no se la puede sacar de la noche a la mañana, como se está haciendo ahora», subrayó el senador por Formosa.
A su turno, el chubutense Alfredo Luenzo (Frente de Todos) subrayó que «en democracia murieron ya tres mil mujeres porque este Congreso no pudo revertir una ley que ya tienen 100 años».
