El Gobierno de Javier Milei cumplió con el ultimátum a Londres y recurrió al Tribunal Internacional del Derecho del Mar para intentar detener las actividades hidrocarburíferas en la plataforma continental que Argentina reclama como propia.
El Gobierno de Javier Milei avanzó con el pedido de medidas cautelares ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar para intentar frenar las actividades de exploración y explotación de hidrocarburos en las Islas Malvinas.
La presentación se realizó luego de que el Reino Unido no atendiera el reclamo argentino formulado a fines de septiembre. La iniciativa se enmarca en el procedimiento de arbitraje iniciado por la Argentina bajo la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR).
El objetivo de Buenos Aires es preservar sus derechos sobre los recursos petroleros de la plataforma continental cuya soberanía reclama el país.
El ultimátum de Milei al Reino Unido
El Gobierno argentino había dado a Londres un plazo de dos semanas para adoptar las medidas necesarias que impidieran el inicio o la continuidad de actividades vinculadas con la explotación de hidrocarburos en la zona.
El ultimátum fue formalizado el 28 de septiembre y establecía que, si el Reino Unido no cumplía con el pedido, la Argentina recurriría al Tribunal Internacional del Derecho del Mar.
La Cancillería ya había iniciado el procedimiento de arbitraje previsto en el Anexo VII de la CONVEMAR, centrado en la explotación de los recursos hidrocarburíferos de la Cuenca Malvinas Norte.
Qué busca Argentina con las medidas cautelares
El planteo argentino no pretende que el Tribunal del Mar resuelva la disputa de soberanía sobre las Islas Malvinas.
La discusión presentada ante el organismo internacional apunta a determinar si una de las partes involucradas en una controversia puede explotar unilateralmente recursos naturales no renovables en una zona marítima en disputa.
En este caso, el foco está puesto en los recursos petroleros ubicados en la plataforma continental. Según el planteo argentino, una eventual decisión favorable tendría carácter obligatorio para las partes.
Sea Lion, el proyecto petrolero que genera tensión
Uno de los principales puntos de conflicto es el proyecto Sea Lion, ubicado al norte de las Islas Malvinas.
Las empresas Navitas Petroleum y Rockhopper tienen previsto avanzar con la explotación petrolera en la zona a partir de 2028. El proyecto se convirtió en uno de los principales focos de tensión entre Buenos Aires y Londres.
En paralelo, las medidas impulsadas por el Gobierno argentino comenzaron a generar consecuencias sobre las compañías vinculadas con la iniciativa. Halliburton decidió no prestar servicios en las Malvinas ante el riesgo de eventuales sanciones argentinas relacionadas con actividades que Buenos Aires considera ilegales.
Además, Navitas y Rockhopper registraron fuertes caídas en sus cotizaciones y recurrieron al Gobierno británico en busca de respaldo.
El Tribunal Internacional del Derecho del Mar
El Tribunal Internacional del Derecho del Mar, con sede en Hamburgo, está integrado por 21 jueces y tiene competencia sobre cuestiones vinculadas con la interpretación y aplicación del Derecho del Mar.
La Argentina cuenta actualmente con una jueza en el organismo, mientras que el Reino Unido no tiene un magistrado allí y podría designarlo para el procedimiento correspondiente.
Para el Gobierno argentino, la presentación representa un paso relevante porque busca llevar ante un tribunal internacional la discusión sobre la explotación unilateral de recursos naturales en un área marítima en disputa.
Crece la tensión entre Argentina y Reino Unido
La ofensiva judicial también profundizó la tensión diplomática entre Buenos Aires y Londres.
Durante la cena anual del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales (CARI), el canciller Pablo Quirno volvió a cuestionar las actividades petroleras desarrolladas en las islas. En el encuentro estuvo presente el embajador británico en Buenos Aires, David Cairns, quien se retiró antes de que terminara la cena.
Quirno también destacó el retiro de empresas proveedoras de las petroleras que operan en Malvinas y mencionó las dificultades financieras que atraviesan Navitas Petroleum y Rockhopper.
Con el pedido ante el Tribunal del Mar, el Gobierno de Milei profundizó su estrategia diplomática y judicial para intentar frenar la explotación de hidrocarburos en las Malvinas, mientras busca defender sus reclamos sobre los recursos de la plataforma continental argentina.
