Una jornada interdisciplinaria en la Ciudad reunió a escribanos, abogados y contadores para analizar las condiciones legales, administrativos y contables que deben cumplir las entidades del tercer sector.
Las asociaciones civiles y fundaciones cumplen un papel fundamental en la vida comunitaria, pero su funcionamiento requiere mucho más que voluntad y compromiso social. La constitución legal, la administración de recursos, las obligaciones contables y la organización interna son algunos de los desafíos que enfrentan estas entidades para desarrollar sus actividades y sostenerse en el tiempo.
En ese contexto, el Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires y el Consejo de Planeamiento Estratégico (CoPE) realizaron una jornada interdisciplinaria gratuita para analizar las principales herramientas que necesitan las organizaciones de la sociedad civil. El encuentro contó con la participación del Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal, el Consejo Profesional de Ciencias Económicas porteño y especialistas vinculados al voluntariado.
La actividad, denominada “Organizaciones Sociales: Asociaciones Civiles, Fundaciones y Voluntariado”, reunió distintas perspectivas profesionales sobre las etapas que atraviesan estas instituciones, desde su creación hasta su gestión cotidiana.
Qué requisitos deben cumplir las asociaciones civiles y las fundaciones
Uno de los principales ejes del encuentro fue la constitución legal de las organizaciones sociales. La escribana María Cesaretti, integrante de la Academia Nacional del Notariado y vicepresidenta del Instituto de Derecho Comercial del Colegio de Escribanos, explicó las diferencias entre las asociaciones civiles y las fundaciones.
Mientras que las asociaciones civiles funcionan sobre una estructura democrática integrada por sus asociados, las fundaciones se constituyen a partir de un patrimonio destinado por su fundador a cumplir un objetivo de bien común.
Durante su exposición, repasó los principales pasos para crear una entidad: reservar su denominación, establecer un objeto social concreto, acreditar el patrimonio inicial, formalizar la escritura pública, obtener la autorización para funcionar y rubricar los libros correspondientes.
También destacó la importancia de mantener actualizadas las autoridades registradas, las presentaciones contables y la sede social ante los organismos correspondientes.
El rol de los abogados: cómo prevenir conflictos dentro de las organizaciones
La dimensión legal estuvo a cargo de especialistas del Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal, quienes abordaron cuestiones vinculadas con el funcionamiento institucional y las responsabilidades de quienes integran las organizaciones.
Entre los temas analizados estuvieron los procesos electorales, el funcionamiento de las juntas electorales, las asambleas y las obligaciones de los directivos.
También se presentaron herramientas para establecer regímenes disciplinarios preventivos y evitar conflictos internos. En ese sentido, Lucas Orlando, director del Instituto de Derecho Cooperativo, Asociaciones Civiles, Mutuales y Fundaciones, abordó la Ley 25.855 de Voluntariado Social y la importancia de contar con acuerdos que establezcan las condiciones de participación de los voluntarios.
Otro de los puntos destacados fue la posibilidad de recurrir a mecanismos de arbitraje para resolver controversias de manera confidencial y con menores costos que los procedimientos judiciales o administrativos.
Impuestos y obligaciones contables: qué deben tener en cuenta las entidades
Las obligaciones tributarias también ocuparon un lugar central en la jornada. La contadora Daiana Polizzotto, en representación del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad de Buenos Aires, explicó los requisitos que deben cumplir las organizaciones para acceder a beneficios fiscales.
Uno de los principales puntos fue la exención del impuesto a las ganancias. La especialista advirtió que contar con CUIT en la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) no significa obtener automáticamente ese beneficio.
Además, detalló las condiciones para solicitar y renovar el certificado de exención, el tratamiento del IVA, los beneficios vinculados al impuesto sobre los débitos y créditos bancarios y los requisitos para que las donaciones puedan ser deducibles.
También señaló que el incumplimiento de determinadas obligaciones, como la presentación de declaraciones juradas o regímenes informativos, puede provocar la pérdida de la exención.
Voluntariado: el desafío de acercar las normas a las organizaciones barriales
El cierre del encuentro estuvo dedicado a las experiencias concretas de las organizaciones sociales. Representantes de Aportes de Gestión para el Tercer Sector, una asociación civil integrada por voluntarios profesionales, compartieron situaciones de su trabajo cotidiano.
La entidad cuenta con casi 200 voluntarios y acompaña cada año a más de 400 organizaciones. Sus representantes, Hugo Almoño, Mónica Codara y Mirta Maletta, destacaron la necesidad de contar con profesionales capaces de traducir las exigencias normativas y administrativas para quienes llevan adelante proyectos comunitarios.
Durante el intercambio también se puso en valor la importancia de que los voluntarios cuenten con marcos claros que protejan su participación y establezcan sus responsabilidades.
Una agenda conjunta para fortalecer a las organizaciones de la sociedad civil
La jornada contó con la presencia del director ejecutivo del CoPE, Hernán Reyes, y reunió a representantes de distintas instituciones profesionales. En la apertura, desde el Colegio de Escribanos destacaron la importancia de articular conocimientos para acompañar a las entidades que muchas veces no saben a qué especialistas recurrir.
Por su parte, Luciana Tapia Rattaro, coordinadora del CoPE, señaló que el organismo reúne a más de 170 organizaciones y remarcó que fortalecer las capacidades de la sociedad civil constituye un valor democrático para la Ciudad de Buenos Aires.
Los organizadores adelantaron que buscarán repetir la iniciativa el próximo año e incorporar a representantes de ARCA y de la Inspección General de Justicia (IGJ), con el objetivo de ampliar el asesoramiento sobre los trámites y las obligaciones que deben afrontar estas entidades.
