El punto que genera más resistencias es la Reforma Laboral, aunque el oficialismo asegura tener los votos necesarios.
Tras la convocatoria a sesiones extraordinarias, el Gobierno nacional se muestra confiado en lograr la aprobación completa del temario que considera “amigable” y que será debatido durante febrero.
“El temario es amigable. No me imagino motivos para oponerse al acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, ni a la reforma laboral. Debiera salir todo. Incluso la designación de Iglesias”, ironizó una fuente con acceso al despacho presidencial.
El lunes, a través del Decreto 24/2026 publicado en el Boletín Oficial, el Poder Ejecutivo oficializó el tratamiento de la Ley de Modernización Laboral, el Acuerdo de Libre Comercio entre el Mercosur y la Unión Europea, la modificación del régimen de protección de glaciares y la posible designación del diputado del PRO Fernando Iglesias como embajador extraordinario y plenipotenciario, según la Ley del Servicio Exterior.
En Balcarce 50 confían en que los proyectos lleguen al recinto antes del discurso presidencial del 1° de marzo. “Son temas que responden a una demanda social: bajan costos, bajan precios y en el caso de los glaciares, es una devolución de competencias a las provincias”, sostuvo un legislador libertario.
Respecto a la Ley de Glaciares, el Gobierno descarta introducir modificaciones, al considerar que responde a un pedido de los gobernadores para evitar la paralización de actividades vinculadas a recursos naturales. En tanto, el tratado Mercosur–UE aparece como uno de los proyectos con mayores chances de aprobación rápida, dado que fue trabajado por sucesivas administraciones.
El punto que genera más resistencias es la Reforma Laboral, aunque el oficialismo asegura tener los votos necesarios. “En Diputados tenemos 117 seguros, nos faltan 12 y hay de dónde conseguirlos”, confió un dirigente del oficialismo.
Uno de los focos de tensión se da con los gobernadores por los cambios en el Impuesto a las Ganancias, que impactan en la coparticipación. Aunque el Gobierno rechaza modificar el articulado, admite que podría negociar si los mandatarios provinciales se comprometen a respaldar otros proyectos clave. Desde el Ejecutivo sostienen que el impacto fiscal sería mínimo y que la formalización laboral compensará la pérdida de recursos.
“Los cambios entran en vigencia en 2027. Durante todo 2026 las provincias se benefician de la modernización laboral. El planteo no tiene sustento”, argumentó un funcionario. El ministro del Interior, Diego Santilli, admitió un impacto del 0,15%, pero aseguró que por cada 400.000 trabajadores formalizados se recupera esa cifra.
Con el objetivo de concentrar esfuerzos en la reforma laboral, la mesa política que coordina el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, resolvió postergar la reforma del Código Penal para después de marzo. De este modo, el oficialismo busca cerrar filas en torno a la principal prioridad legislativa del presidente Javier Milei.
Durante la segunda quincena de enero, el Gobierno intensificó las negociaciones para asegurar nuevos triunfos parlamentarios en el tramo final de las sesiones extraordinarias, que se extenderán del 2 al 27 de febrero. En ese marco, el Ejecutivo se muestra convencido de que logrará sancionar el temario completo.
Las negociaciones están a cargo de la jefa de bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; el ministro del Interior, Diego Santilli; el armador Eduardo “Lule” Menem; y el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt.
