La empresa habría realizado dos vuelos entre Chile y las islas sin autorización de las autoridades aeronáuticas argentinas.
El Gobierno argentino denunció ante la Justicia a la multinacional Thales por dos vuelos presuntamente ilegales a las Islas Malvinas y solicitó el decomiso del avión involucrado. La presentación apunta a operaciones realizadas en septiembre de 2026 entre Punta Arenas, Chile, y el archipiélago, sin los permisos correspondientes de las autoridades aeronáuticas argentinas.
Según pudo saber Notas de Actualidad, la denuncia fue presentada por el titular de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), Oscar Alfredo Villabona, y quedó a cargo del juez federal Sebastián Ramos, quien delegó la investigación en el fiscal Ramiro González.
El caso adquirió especial relevancia por los vínculos comerciales de Thales con las Fuerzas Armadas argentinas y por los servicios que la compañía presta al Reino Unido. Además, el Gobierno analiza posibles sanciones contra la empresa, en un contexto de endurecimiento de la posición argentina frente a las actividades británicas en las islas.
Qué investiga la Justicia por los vuelos de Thales a Malvinas
Según la denuncia, las operaciones se realizaron el 19 y el 24 de septiembre de 2026 con un avión de matrícula británica G-FPLD, perteneciente a Thales. El primer vuelo habría partido desde Punta Arenas hacia las Malvinas, mientras que el segundo realizó el trayecto inverso cinco días después.
La presentación sostiene que la compañía no informó las operaciones a la autoridad aeronáutica argentina ni solicitó las autorizaciones correspondientes. También señala que la ANAC había advertido previamente que esos vuelos no contaban con los permisos necesarios.
La Justicia deberá determinar si las operaciones infringieron las normas que regulan la seguridad de las aeronaves y el cruce de fronteras. La denuncia menciona, de manera provisoria, posibles infracciones al artículo 190 del Código Penal y al artículo 223 del Código Aeronáutico. También contempla, de forma subsidiaria, el artículo 194 del Código Penal, referido a la obstrucción del funcionamiento de los transportes.
Por el momento, las imputaciones son materia de investigación y no existe una resolución judicial definitiva sobre la responsabilidad de la empresa.
Por qué el Gobierno pidió decomisar el avión
Además de impulsar la investigación penal, la ANAC solicitó el decomiso de la aeronave utilizada en los vuelos denunciados. La procedencia de esa medida deberá ser evaluada por la Justicia a partir de los hechos que puedan comprobarse y de las normas aplicables.
El avión es un Beechcraft B200 Super King Air, un bimotor turbohélice utilizado para realizar inspecciones aéreas y verificar sistemas de navegación. Estas tareas pueden incluir controles de radiofaros, radares y equipos de aproximación instrumental empleados tanto en aeropuertos civiles como en instalaciones militares.
Por sus características técnicas, la aeronave podría utilizarse para comprobar sistemas de navegación en la base militar británica de Mount Pleasant, en las Malvinas. Sin embargo, hasta el momento no se pudo establecer si los vuelos denunciados tuvieron ese objetivo, si trasladaron personal o si respondieron a otra actividad.
Thales Argentina confirmó que la compañía es propietaria del avión, pero evitó brindar detalles sobre el motivo de las operaciones. La empresa argumentó que sus obligaciones de confidencialidad le impiden comentar aspectos específicos de sus contratos.
Thales: los contratos con el Reino Unido y las Fuerzas Armadas argentinas
Uno de los aspectos más sensibles del caso es la doble relación comercial de Thales. Mientras la multinacional mantiene negocios con organismos del Estado argentino, también desarrolla actividades vinculadas con la defensa y la infraestructura militar británica.
En el Reino Unido, Thales presta servicios relacionados con sistemas de navegación y comunicaciones. El Ministerio de Defensa británico adjudicó en septiembre de 2026 un contrato por aproximadamente 6,89 millones de libras para el mantenimiento de una red de comunicaciones del complejo militar de Mount Pleasant.
Ese acuerdo es independiente de los vuelos investigados y, hasta ahora, no se acreditó una relación directa entre el contrato y las operaciones denunciadas por la Argentina.
En el país, la compañía mantiene vínculos comerciales con el Ejército, la Fuerza Aérea y la Armada. Entre sus antecedentes figuran el suministro de radares de vigilancia terrestre y costera, así como la instalación del sistema de detección Vigile 200 en un avión Learjet 35 de la Fuerza Aérea Argentina.
Sus actividades también abarcan organismos civiles. Thales provee tecnología para la verificación de identidad y los controles fronterizos, además de componentes utilizados en el pasaporte electrónico argentino emitido por el Registro Nacional de las Personas (RENAPER).
Esta presencia en sectores estratégicos explica la sensibilidad que adquirió la denuncia y la posibilidad de que el Gobierno evalúe nuevas medidas contra la multinacional.
La denuncia por los vuelos y la disputa por la explotación petrolera en Malvinas
La presentación judicial se produjo en medio del endurecimiento de la postura del Gobierno de Javier Milei frente a las actividades británicas de exploración y explotación de hidrocarburos en las islas.
El 3 de septiembre, el Presidente anunció por cadena nacional que la Argentina avanzaría con sanciones y denuncias contra las empresas que participen sin autorización argentina en proyectos petroleros en la zona.
Entre las iniciativas cuestionadas por el Gobierno se encuentra Sea Lion, impulsada por la israelí Navitas Petroleum y la británica Rockhopper Exploration para desarrollar reservas de petróleo en aguas próximas a las Malvinas.
Las autoridades argentinas advirtieron que las medidas podrían alcanzar también a empresas que presten servicios a esos proyectos. En ese marco, la denuncia contra Thales abrió interrogantes sobre el alcance de las posibles sanciones y el papel que pudo haber tenido la aeronave en las operaciones realizadas entre Chile y las islas.
No obstante, hasta el momento no se acreditó que el avión haya participado en actividades de exploración o explotación hidrocarburífera.
La investigación judicial deberá establecer las circunstancias de los vuelos, determinar si existieron infracciones y evaluar el pedido de decomiso. En paralelo, el Gobierno analiza los próximos pasos frente a una compañía que mantiene contratos estratégicos con el Estado argentino y relaciones comerciales con el sector militar británico.
