La decisión se tomó tras una sesión marcada por fuertes cuestionamientos a su gestión y abre un nuevo escenario de incertidumbre institucional en el país.
El Congreso de Perú aprobó este martes una moción de censura contra el presidente interino, José Jerí, cuatro meses después de que asumiera el cargo y a dos meses de las elecciones generales de abril, en el octavo cambio de mandatario en casi una década de inestabilidad política en el país.
El pleno del legislativo aprobó la moción de censura con 75 votos a favor y 24 en contra. “La mesa directiva declara la vacancia del cargo de presidente del Congreso de la República y en consecuencia se encuentra vacante el cargo de Presidente de la República”, dijo Fernando Rospigliosi, titular encargado del Congreso.
Según pudo saber Notas de Actualidad, ahora los portavoces de las bancadas se reunirán para definir una lista de candidatos a la Presidencia del Congreso, para una votación legislativa de la que saldrá el próximo presidente interino. Rospigliosi añadió que el plazo para presentar las propuestas terminará este martes a las 6 p.m. (hora local y de Miami) y que la elección se realizará en la sesión de este miércoles, también a las 6 p.m.
Jerí, de 39 años, asumió el cargo en octubre por ser el titular del Congreso cuando fue destituida la presidenta Dina Boluarte, quien a su vez lideró el Ejecutivo desde la destitución y detención en 2022 de Pedro Castillo tras un año y medio de mandato.
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El escándalo del ‘CHIFAGATE’
El mandatario era señalado por sostener reuniones no oficiales con empresarios chinos, una de ellas encapuchado lo que llevó a la apertura de una investigación en la Fiscalía por posible patrocinio ilegal y tráfico de influencias agravado. El domingo, Jerí dijo que no acudiría a la sesión, argumentando que el procedimiento, a diferencia de una moción de vacancia, no le otorga un derecho a la defensa.
El caso, bautizado por la prensa como “Chifagate”, escaló rápidamente del terreno político al judicial. La Fiscalía inició diligencias preliminares para determinar si existieron beneficios indebidos o gestiones irregulares en favor de determinados grupos empresariales. Desde el entorno del mandatario negaron cualquier conducta ilícita y calificaron las acusaciones como parte de una “campaña de desestabilización”.
En el Congreso, distintas bancadas señalaron que la gravedad de los hechos ameritaba una respuesta inmediata para preservar la institucionalidad. Legisladores de oposición sostuvieron que las reuniones no registradas y el presunto uso de mecanismos informales de interlocución comprometían la transparencia del Ejecutivo. El oficialismo, en tanto, cuestionó la celeridad del trámite y advirtió sobre un precedente político delicado.
Con la destitución consumada, se abre ahora un nuevo capítulo en la crisis política. El Gobierno deberá reorganizar su conducción mientras avanzan las investigaciones fiscales, en un escenario de alta tensión y con la atención puesta en las eventuales responsabilidades penales que puedan derivarse del caso.
